¿Cómo afectará a las organizaciones la nueva directiva europea contra el Greenwashing? las 5 medidas clave de la normativa

 

ROIPRESS / EUROPA / NORMATIVA - El Club Excelencia en Gestión, asociación multisectorial sin ánimo de lucro, que genera y comparte conocimiento sobre gestión y transformación de las organizaciones, ha celebrado un nuevo encuentro con su Foro de Sostenibilidad en el que se ha tratado la siguiente temática: ¿Cómo nos afectará la nueva Directiva Europea contra el Greenwashing? En esta ocasión, ha sido Gema de la Rosa, manager de Sostenibilidad en KPMG, la encargada de dar las principales claves relacionadas con esta normativa.

En concreto se trata de la directiva (UE) 2024/825 que viene para reducir, de una forma muy transversal, esta práctica deshonesta utilizada por las empresas para parecer más sostenibles. Ésta aborda tres pilares clave: el empoderamiento del consumidor con herramientas que ayuden a tomar decisiones de compra informadas, prevenir y sancionar las prácticas comerciales engañosas y promover la transparencia entre las organizaciones con evidencias verificables que aseguren una sostenibilidad real. Se espera que la trasposición de esta normativa esté disponible en septiembre de 2026. 

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A través de "EL ANFiTRiÓN DEL CAMBiO", David C. Mendoza comparte con la audiencia su conocimiento y experiencia en el uso de las Leyes Mentales, para que las personas que busquen hacer cambios a mejor en sus vidas puedan lograrlos.

¿Y cuáles son las principales medidas que va a incorporar? 

Estas son las 5 claves de la directiva europea contra el greenwashing:

1) Verificación obligatoria: Las afirmaciones ambientales sobre el producto o servicio deben estar respaldadas por evidencia científica verificable, y ser específicas en términos claros y visibles. Las Administraciones Públicas serán las encargadas de designar a los organismos capacitados para este fin.

2) Prohibición de términos genéricos: Evitar el uso de términos sin significado concreto como ‘eco’ o ‘verde’ sin explicación clara y particularizada. Ha de proporcionarse información sobre las características de sostenibilidad de forma clara, pertinente y fiable, respaldada por compromisos claros.

3) Sanciones y multas: Las empresas que no cumplan con la normativa se enfrentarán a sanciones, multas y penalizaciones que repercutirán en la confianza que en ellas depositan sus grupos de interés. Cada una de ellas se identificará con un apelativo concreto, como competencia desleal o por afectar a los derechos de los consumidores, entre otros.

4) Aumento de la transparencia y credibilidad: La normativa obligará a las organizaciones a informar sobre las características medioambientales, sociales o de circularidad de sus actividades, asegurando siempre la veracidad comprobada. Para ello necesitarán utilizar etiquetas de sostenibilidad en esquemas de certificación reconocidos o establecidos por las Administraciones Públicas, como el Modelo EFQM.

5) Derechos del consumidor: Los consumidores deben conocer su derecho a reclamar así como a acceder a información detallada sobre los productos. De esta manera podrán tomar sus decisiones de compra de una manera más informada y reducir el riesgo de engaño en la adquisición de productos o servicios ‘sostenibles’, promoviendo con ello un mercado más responsable.

Los objetivos de esta normativa son: incentivar a aquellas organizaciones que adoptan prácticas sostenibles reales y responsables; reducir el impacto medioambiental de su actividad, mejorar la confianza de sus grupos de interés; y, con todo ello, contribuir a la transición hacia una economía más verde.

Estos son los objetivos también del Foro de Sostenibilidad del Club Excelencia en Gestión, que lleva activo desde 2022 como espacio de aprendizaje, benchmarking, y cocreación en el ámbito ESG: factores ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. Todas esas piezas forman parte también de las palancas de acción de la Gestión 5.0 que se está promoviendo desde el Club, en línea con su nuevo plan estratégico, con la que se busca transformar los modelos de gestión de las organizaciones para mejorar su competitividad de cara al futuro. 

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Las casas energéticamente autosuficientes se ven obligadas a engancharse a Red Eléctrica, según Grupo Index

En España, los propietarios de una casa desconectada, obligados a asumir el coste de la conexión, aunque no la usen. La normativa limita la libertad energética y frena que el sector implante soluciones más sostenibles

"Viviendas capaces de generar, almacenar y gestionar su propia energía, de evitar los elevados precios de la energía durante la ola inflacionista y de no verse afectadas por un apagón histórico, y que, sin embargo, sufren la obligación de estar conectadas a la red convencional. Lo que supone, en lugar de incentivar este tipo de soluciones sostenibles y visionarias, imponerles un gasto adicional innecesario".

Se obliga por normativa a las viviendas a engancharse a Red Eléctrica, aunque sean energéticamente autosuficientes y no necesiten ni den uso a esa conexión. Lo que supone para sus propietarios tener que hacer frente al coste de esta instalación.

Mientras las tecnologías avanzan para dotar a las viviendas de mayor autonomía y evitar que en situaciones como subidas generalizadas de los precios de la energía o incluso de cortes en el suministro, sus propietarios se vean afectados. "Las normativas parecen no acompañar esta evolución, sino más bien frenar su desarrollo y expansión".

Aunque muchos ciudadanos lo desconocen, la normativa española impide que una vivienda funcione totalmente desconectada de Red Eléctrica, incluso si es autosuficiente desde el punto de vista energético.

La legislación, que no es reciente, pero sigue vigente y sin modificaciones actualizadas, obliga a que toda vivienda esté conectada a la red general, lo que ha generado una creciente indignación en el sector de la construcción sostenible.

Normativa obsoleta que penaliza la libertad energética
La medida, en vigor y sin actualizaciones desde hace años, vulnera el derecho de los propietarios a decidir cómo gestionan su consumo energético. Aquellos que optan por una vivienda 100% autosuficiente se ven forzados a asumir el coste de una conexión que, en muchos casos, no necesitan ni utilizan.

Evidentemente, esta medida y el coste que conlleva frena a muchos propietarios a decidirse por una vivienda con autonomía energética.

Desde Grupo Index, promotora referente en el desarrollo de viviendas energéticamente independientes, califican esta situación como "un obstáculo injustificado que frena el avance de la sostenibilidad real".

"Estamos construyendo viviendas capaces de generar, almacenar y gestionar su propia energía, por tanto, de evitar los elevados precios de la energía durante la ola inflacionista y de no verse afectadas por un apagón histórico. Sin embargo, sufren la obligación de estar conectadas a la red convencional. Lo que supone, en lugar de incentivar este tipo de soluciones sostenibles y visionarias, imponer un gasto adicional innecesario", señalan desde su equipo técnico.

Viviendas autosuficientes, pero con conexión forzada
Grupo Index, que tiene proyectos activos y en comercialización en varios puntos de la Comunidades de Madrid como Las Rozas, Cubas de la Sagra y en la zona de Puerta de Hierro en la capital de España, explica que el coste de esa conexión obligatoria puede superar varios miles de euros por vivienda, dependiendo de la distancia al punto de enganche y la infraestructura necesaria en cada caso.

"No solo es una imposición técnica, es también una carga económica injustificada para quienes han invertido en sostenibilidad y autonomía energética, y que puede ser un freno para muchos propietarios", afirman desde la promotora.

"Europa fomenta el autoconsumo y España lo frena"
"La normativa legislativa española necesita una revisión y actualización evidente, ya que mientras Europa promueve el autoconsumo, el almacenamiento y la descentralización de la producción energética, la legislación española sigue anclada en un modelo centralizado que no contempla escenarios de autosuficiencia real".

"El Estado debería garantizar la seguridad energética, no imponer una única vía. Hay modelos que funcionan sin conexión, y lo han demostrado en situaciones de emergencia. Seguir obligando a engancharse a la red no tiene sentido técnico ni ecológico", concluyen desde Grupo Index.

Las soluciones energéticas para el sector residencial evidentemente afrontan nuevos horizontes y nuevos retos, incluso todo el sistema energético también como se ha demostrado tras el gran apagón en España y los problemas en los trenes de las últimas fechas, por lo que el debate en torno a las normativas y necesidades sobre el suministro eléctrico también.

La compatibilidad de la normativa actual para casas autosuficientes con su futuro y su presente está en entredicho y el debate también, ya que los propietarios deben tener derecho a decidir cómo se alimenta de energía su vivienda. Además, de que las normativas vigentes deberían ser coherentes con Europa y con las tendencias y desarrollos sostenibles que buscan todos los sectores productivos, incluida la vivienda y la construcción residencial.

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Situación del sector tras la regulación de los drones

• Esta normativa europea exige que los drones obtengan una nueva marca de identificación de clase CE basada en varios requisitos de seguridad obligatorios

• Desde Drone to Yacht reconocen que la implementación de nuevas regulaciones que unifican el uso de drones a nivel europeo ayuda a que su utilización con fines comerciales pueda ser cada vez más generalizado

ROIPRESS / #ESPAÑA / #DRONES - Acaba de cumplirse un año desde que el nuevo Reglamento Europeo de drones (2019/947 y 2019/945) entrase en vigor. Esta normativa europea, que está en proceso de transición hasta el 2023, fecha en la que será definitiva, exige que los drones obtengan una nueva marca de identificación vasada en varios requisitos de seguridad obligatorios, además de los requisitos ya existentes. “Como la tecnología de drones ha avanzado a un ritmo muy rápido, los responsables de las políticas europeas han tenido que adaptarse a estos cambios, actualizando la regulación sobre las licencias y seguridad de la tecnología de drones, lo que hacía necesario un cambio en la regulación. La implementación de nuevas regulaciones que unifican el uso de drones a nivel europeo ayuda a que su utilización con fines comerciales pueda ser cada vez más generalizado”, comenta Carlota Nieto, Marketing Comunication Manager de Drone to Yacht, empresa dedicada a realizar servicios delivery con drones. 

Para la compañía, esta nueva normativa no ha frenado su expansión, ya que en la actualidad todos sus drones cuentan con la marca de identificación de clase CE. Con más de 150 entregas de productos realizadas hasta el momento, transporta comida, bebida y otros productos desde los restaurantes cercanos a la costa hasta los yates. Según la regulación para el uso de drones destinados a delivery, definida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), los dispositivos que utiliza esta empresa solamente pueden volar en espacios acotados para este fin, en espacios privados o pidiendo los permisos necesarios, siendo los vuelos sobre el mar mucho más sencillos de conseguir.  

Ventajas de la nueva normativa europea para drones

Ya en el año 2020, antes del comienzo de la aplicación de esta norma, las compañías que trabajan con drones comenzaron a informarse sobre cómo cumplir los nuevos requisitos de manera oportuna para seguir funcionando sin obstáculos. El primer sentimiento ante un cambio de normativa para las empresas que operan con drones fue la preocupación, sin embargo, “esta nueva regulación ha traído consigo diferentes ventajas para los operadores de drones comerciales”, asegura Nieto. 

La mayor de las ventajas de la nueva normativa es la de unificar la regulación entre los países europeos. Ahora, los operadores de drones pueden ampliar fácilmente sus operaciones locales a otros países que se encuentren en situaciones similares, sin tener que someterse necesariamente a nuevos procesos de registro, capacitación ni licencias. 

Según la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, los drones se dividen en tres categorías según el riesgo que supone su uso para la población (categoría abierta o de bajo riesgo, específica y certificada). Cada una de estas divisiones requiere diferentes autorizaciones y distinta formación, lo que permite diferenciar claramente cada tipo de dron: “esto agiliza y facilita las operaciones con drones a nivel europeo y permite desarrollar nuestra labor de forma más rápida”, comenta Nieto. 

Identificación de clase CE retroactiva

Las empresas que aún no hayan adaptado sus aparatos para contar con la certificación de clase CE, pueden hacerlo durante todo el año 2022. Por su parte, los drones que no hayan conseguido esta identificación y ya se encuentren en el mercado, no pueden marcarse simplemente con carácter retroactivo, pero pueden pasar por un proceso que verificará su cumplimiento de los nuevos requisitos y los transformará legalmente en un nuevo producto que cuenta con la certificación necesaria. 

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La Puritermia, una energía que reduce las emisiones de amoniaco

/COMUNICAE/

La Puritermia, cumple con las exigencias ambientales para aplicar las MTD´s en cuanto a la reducción de emisiones de amoniaco. Una energía que extrae el calor de las fosas de purines refrigera el purín y reduce las emisiones. El Real Decreto 948/2021 de 2 de noviembre de 2021 establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la ejecución de proyectos de inversión del Plan de Impulso de sostenibilidad y competitividad de agricultura y ganadería

El sector ganadero contribuye de manera notable a la economía del país y, en particular, el sector porcino, es un eje vertebrador económico clave en la población rural cuya importancia de producción es tal que sitúa a España entre los principales productores europeo y mundial. Todo no vale y, de eso sabe el sector porcino que desde hace años está inmerso en cumplir y adaptarse a la normativa nacional y europea en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, protección de agua o bienestar animal con el objetivo de posicionarse en los mercados mundiales. La protección del medio ambiente es una preocupación global y las obligaciones medioambientales establecidas en la normativa local, regional, nacional o internacional deben aplicarse y cumplirse.

Una correcta gestión ambiental exige a las nuevas explotaciones y a las ya existentes aplicar Mejores Técnicas Disponibles (MTD). Las MTD´s aportan indudables ventajas ambientales y económicas para los ganaderos y para la población. Su finalidad es gestionar mejor los recursos utilizados y reducir los contaminantes ambientales ocasionados durante la actividad ganadera como el amoniaco, considerado uno de los principales responsables de la acidificación del suelo y las aguas. La normativa actual exige a las nuevas construcciones y a los titulares de explotaciones medidas para la prevención o control de la contaminación y emisiones mediante la refrigeración de purines. Respecto a los purines es posible aplicar varias MTD. En el caso del sector porcino, y en particular, en lo concerniente a las cerdas de cría han de tener en cuenta la MTD30 y, en concreto, su técnica 0. Esta técnica estima necesaria la existencia de una fosa profunda combinada con técnicas de gestión nutricional, un sistema de depuración del aire, la reducción del PH o la refrigeración de purines. Además, se complementa con la MTD8 referente al uso eficiente de la energía en las granjas, técnicas que mejora el uso de la energía como puede es la bomba de calor. La bomba de calor es un sistema utilizado para refrigerar los purines y disminuir el amoniaco basado en la normativa de la UE, Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 y su transposición a la normativa española mediante el Real Decreto 306/2020 de 2 de febrero. El Real Decreto establece un límite, exige a las nuevas instalaciones una reducción de emisiones en el exterior (balsa de purín) del 80% y un 60% en el interior (alojamientos).

Una técnica eficaz para cumplir con la normativa en cuanto a reducción de emisiones de amoniaco es la Puritermia. La Puritermia, desarrollada por la empresa española ISBRAN, es un ejemplo de práctica sostenible basada en el aprovechamiento de la temperatura del purín a través de una instalación de calefacción con geotermia capaz de extraer el calor de las fosas de purines, refrigerar el purín y, así, reducir las emisiones generando un ambiente mejor para trabajadores y proporcionando bienestar a los animales. Bruno Jiménez, director gerente de ISBRAN detalla el proceso, “los proyectos de calefacción en las granjas de maternidad y transición con bombas geotérmicas pueden captar en su circuito primario el calor de las fosas de purín en las diferentes naves. Al mismo tiempo, este circuito enfría los purines, bajando la temperatura hasta niveles donde las emisiones se reducen en más de un 70%”. La refrigeración de purines es una acción eficiente en la reducción de emisiones (amoniaco, metano y óxido nitroso).

Entre las principales ventajas de la Puritermia destacan, según ISBRAN: el ahorro energético; la reducción de la huella de carbono; la disminución de CO₂ a la atmósfera, al tener que contratar menor energía eléctrica; mayor sostenibilidad al reducir las emisiones; mejor bienestar animal en el interior de las naves, así como una mejora en cuanto a la responsabilidad social y corporativa. Los beneficios son claros. Una inversión reducida en comparación con el coste de construcción de la granja. En estos momentos, además, los ganaderos pueden acogerse para mejorar la eficiencia ambiental, gestión y aprovechamiento que reduzcan las emisiones de amoniaco, gases de invernaderos y gases contaminantes a nuevo Fondo de Recuperación «Next Generation» cuyo elemento principal es el «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia». Dicha ayuda está recogida en el Real Decreto 948/2021 que establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la ejecución de proyectos del Plan impulso de sostenibilidad y competitividad de agricultura y ganadería en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

ISBRAN
Empresa española pionera en energía geotérmica dedicada al sector porcino, y especializada en dotar de sistemas de climatización a las granjas de maternidad y transición. ISBRAN ofrece una solución innovadora de climatización eficiente a las granjas porcinas que facilita ahorro en el consumo energético y confortabilidad para las cerdas y los lechones proporcionando una menor dependencia energética y una gran ayuda en la descarbonización por el menor uso de energía.

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El incumplimiento de la nueva normativa de ciberseguridad europea puede tener consecuencias inasumibles

/COMUNICAE/

La nueva normativa europea pone de manifiesto la gran importancia de la estrategia de ciberseguridad para la UE y por primera vez establece sanciones para las compañías, en caso de no cumplirlas, "pueden tener un impacto económico devastador para las compañías", según ha anunciado S2 Grupo

Con motivo del refuerzo del marco regulatorio del ámbito de la ciberseguridad por parte de la Unión Europea, la empresa española S2 Grupo ha destacado en un comunicado que esta cuestión "debe ser uno de los ejes de las empresas y es clave adaptarse a la normativa porque, de lo contrario, las consecuencias de una sanción pueden ser inasumibles para los negocios".

Ante la creciente amenaza que plantean los ciberataques, la Unión Europea ha tenido que actualizar la directiva NIS para dotar a los Estados miembros de un marco común que se ha focalizado en la ciberseguridad para garantizar la ciberresiliencia de los procesos que dan soporte a servicios esenciales para la sociedad.

En este sentido, S2 Grupo ha destacado que la nueva estrategia de ciberseguridad de la UE se basa en tres aspectos fundamentales:

- La resiliencia, la soberanía tecnológica y el liderazgo.

- La capacidad operativa para prevenir, disuadir y responder.

- La cooperación para promover un ciberespacio global, seguro y abierto.

“Esta estrategia supone que los Estados miembros deberán transponerla a sus legislaciones nacionales, previsiblemente, 18 meses después de su publicación. Esta revisión de la directiva va a otorgar mayores herramientas de supervisión y ejecución a los controladores, hace especial hincapié en la necesidad de incrementar la ciberseguridad de la cadena de suministro, refuerza la importancia de que la alta dirección de las organizaciones respalde y sean responsables en el cumplimiento de las medidas de ciberseguridad, y mejora la capacidad de intercambio de información entre los distintos actores”, ha explicado José Rosell, socio-director de S2 Grupo.

“Además, la nueva directiva amplía su alcance añadiendo nuevos sectores en función de su importancia para la economía y la sociedad. Y otra novedad importante es el nuevo marco de sanciones que incluye, ya que indica que la no aplicación de medidas de seguridad pueden tener consecuencias negativas para la ciberresiliencia de las entidades y, por tanto, se debe establecer una lista mínima de sanciones administrativas por incumplimiento de las obligaciones de información y gestión de riesgos de ciberseguridad que sea común en todos los Estados miembros”, ha continuado Miguel A. Juan, socio-director de S2 Grupo.

“Ante esta situación, es fundamental que las empresas se conciencien de la importancia de contar con un equipo de expertos en aplicación de ciberseguridad y del cumplimiento de la normativa de ciberseguridad porque, en caso contrario, las consecuencias pueden ser realmente duras para la continuidad de los negocios”, ha añadido José Rosell.

“Precisamente, prever que esto sucedería ha sido lo que en 2020 nos llevó a una alianza estratégica de S2 Grupo con el despacho internacional Andersen para poder ofrecer a las compañías una solución real que les permita cumplir con toda la legislación que tiene un fuerte componente tecnológico en materia de ciberserguridad. Así se evita que este asunto decisivo se aborde de forma descoordinada”, ha explicado Miguel A. Juan.

Nuevas iniciativas de ciberseguridad en la Unión Europea
Desde S2 Grupo se ha destacado que, en la misma línea de la actualización de la directiva NIS, hay otras dos iniciativas dentro de la nueva estrategia de la UE que son la propuesta de la Comisión del Reglamento para la resiliencia operativa digital del sector financiero (Digital OperationalResilienceAct, DORA) y la propuesta de Directiva sobre resiliencia de las infraestructuras críticas (CIR).

Por lo que se refiere a DORA, es el marco que establece la Comisión Europea para dar un enfoque común sobre la ciberresiliencia del sector financiero. DORA aplica a las entidades de crédito, proveedores de servicios de criptoactivos, proveedores de suministro de datos, empresas de seguridad y reaseguros, fondos de pensiones de empleo, etc. Pero además, los proveedores terceros esenciales de servicios TIC también deben estar muy pendientes de esta normativa, ya que también van a ser objeto de su regulación y supervisión en el marco de la Unión.

Este reglamento regula aspectos como el gobierno de la seguridad, gestión del riesgo, notificación de incidentes, pruebas de resiliencia, riesgos de terceros e intercambio de información.

Junto a esto, S2 Grupo ha resaltado que en España la transposición de la Directiva NIS se realizó mediante el Real Decreto-ley 12/2018, y precisamente acaba de ver la luz, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Este Real Decreto establece la obligación de definir una estrategia de ciberseguridad que establezca un marco normativo, apoyado en el Esquema Nacional de Seguridad que dote de seguridad jurídica a la estructura de ciberseguridad de las organizaciones y las soluciones tecnológicas que se desplieguen. Además, regula y establece el rol y la responsabilidad del CISO.

Por todo esto, los expertos de S2 Grupo han enfatizado que "ya es más que evidente la gran importancia estratégica de la ciberseguridad a nivel europeo y, por tanto, la adaptación al nuevo marco regulatorio tiene que convertirse en uno de los ejes vertebradores de las compañías".

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RankiaPro y W&K Financial EdTech se alían para la formación homologada online de los asesores financieros

/COMUNICAE/

La formación continua de los asesores financieros no solo es una normativa de obligado cumplimiento sino que es una oportunidad de desarrollo y mejora para el sector

Así lo entienden RankiaPro, el proyecto de Rankia dirigido exclusivamente a profesionales de la industria de gestión de activos, y W&K Financial EdTech, la primera EdTech acreditada en el listado de CNMV. Ambas entidades se unen para replicar Recertify, el modelo de hub de contenidos digitales desarrollado por W&K Financial Education, en la plataforma web de RankiaPro y poner al alcance de sus miles de usuarios un portal de contenidos homologados para cumplir con las exigencias de formación continua de los profesionales del asesoramiento exigido por la normativa MiFID II y las directrices ESMA. Por su parte, RankiaPro dotará de contenidos de calidad a Recertify. Esta nueva normativa europea busca garantizar la transparencia en los mercados financieros y aumentar la protección de los inversores cuando adquieren un producto y la formación continua del profesional es un requisito de garantía para un mejor servicio.

“La labor formativa es un punto clave en la misión de Rankia de ayudar a los gestores de patrimonios a tomar mejores decisiones de inversión, es parte de nuestra esencia y además es una obligación normativa a cumplir por los asesores. Por ello, gracias a este acuerdo con W&K Financial Education, desde RankiaPro facilitamos a todos nuestros usuarios el aprendizaje de las competencias y conocimientos en el área financiera y su acreditación”, declara Miguel Arias, CEO y fundador de RankiaPro.

“Este acuerdo de colaboración e integración tecnológica de nuestra oferta formativa con RankiaPro ejemplifica nuestra visión y enfoque de negocio abierto, digital e inclusivo y potencia nuestra propuesta de valor de cara a la consolidación de Recertify como la solución de formación continua MiFID II más potente en contenidos y atractiva por su formato para los profesionales y entidades del sector”, señala Fernando Rojano, responsable de Desarrollo de Negocio en W&K Financial EdTech. W&K Financial Education salió al mercado en 2019 con el primer programa para ser asesor financiero TFA 100% online, certificado por la CNMV, bajo la normativa europea MiFID II. El año pasado Value School se incorporó al proyecto como primer proveedor y selector de contenidos.

Sobre RankiaPro
En octubre de 2017 Rankia dio un paso más, lanzando un nuevo proyecto dirigido exclusivamente a profesionales de la industria de gestión de activos, RankiaPro, cuyo objetivo es ayudar a dichos profesionales en la toma de mejores decisiones de inversión, potenciando el networking y las relaciones entre los mismos.

Rankia comenzó su trayectoria en 2003 y, desde entonces, se ha convertido en la comunidad financiera online referente de habla hispana.

Sobre W&K Financial EdTech
W&K Financial Education es una compañía especializada en la impartición de acciones formativas homologada en CNMV con su acreditación TFA como título habilitado para asesorar en línea con MiFID II y directrices ESMA. Su modelo de negocio promueve la formación continua con un enfoque digital e inclusivo mediante una infraestructura tecnológica abierta, y en el que Value School tiene un papel protagonista en la selección de los contenidos.

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La protección de datos, una garantía del Outsourcing según Hasten Group

/COMUNICAE/

El Outsourcing está sujeto a la normativa nacional e internacional en materia de protección de datos (LOPDGDD y RGPD). En el contrato de outsourcing es clave que se recoja una cláusula acerca de la protección de datos, en especial cuando se ceden datos personales

En la actualidad, muchas empresas optan por el Outsourcing de algunos de sus servicios. Recurren a terceros expertos para que profesionales cualificados realicen esas tareas. La externalización reporta numerosos beneficios a las empresas entre los que destacan una mayor eficiencia, calidad o rentabilidad al centrarse en su actividad principal.

El proceso de selección de un proveedor de servicios externo debe incluir la debida diligencia del tercero, una evaluación de riesgos y una revisión de los términos y condiciones propuestos para garantizar que la empresa no esté expuesta a riesgos indebidos. Un proceso que puede requerir el asesoramiento de algunos miembros de la empresa con experiencia en derecho contractual, informática, seguridad de la información, protección de datos y recursos humanos.

Los procesos de externalización o de outsourcing conllevan, en muchas ocasiones, traslados de archivos y datos sensibles de la empresa con información personal relevante que ha de cumplir con los reglamentos y normativa vigente nacional y comunitaria. El acceso a datos, por cuenta de un tercero, conlleva la prestación de un servicio por parte de una tercera empresa al responsable del fichero que accede a los datos del fichero para el cumplimiento de la prestación contratada. Al externalizar ciertas actividades de procesamiento de datos a otra organización, se es responsable del tratamiento de datos y el tercero es el encargado del tratamiento de datos. Cualquier organización que procese los datos personales de los residentes de la UE está sujeta al Reglamento general de protección de datos de la UE (Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril de 2016) debe cumplir con sus requisitos.

En el outsourcing, son transcendentales los aspectos legales del acuerdo suscrito por la empresa demandante y la prestataria de estos servicios. Uno de los key players, apuntan desde Hasten Group, es el cumplimiento normativo, en su mayoría los servicios susceptibles de externalización en materia de tecnología se ven afectados por normativa como: la de protección de datos de carácter personal, normativas sectoriales u otras de carácter más específico en materia de seguridad de la información o continuidad de negocio.

La “salida” de datos personales ha de producirse con las debidas garantías. Siempre que la relación profesional suponga acceso a datos personales que la empresa establezca con terceros externos, es trascendental asegurar y reflejar en el correspondiente contrato de prestación de servicios todos los condicionantes indicados en la normativa: tratar los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento; no utilizarlos con un fin distinto al estipulado en el referido contrato, ni comunicarlos ni siquiera para su conservación a otras personas; cumplida la prestación contractual, los datos así como cualquier soporte o documento que los contenga deben ser devueltos al responsable del tratamiento o bien ser destruidos y no podrá subcontratar con un tercero, salvo si ha obtenido autorización del responsable para hacerlo. De no existir en el contrato, la empresa contratante ha de establecer una cláusula específica, por escrito, de Protección de Datos que haga referencia al destino, uso y posibilidades de tratamiento de los datos personales de su empresa o negocio.

Desde Hasten Group hacen especial hincapié en: valorar con antelación, siempre y con mucha cautela, la idoneidad del proveedor de un servicio y si en su país cuenta con normativa referente a protección de datos que garantice una protección adecuada en relación con el estándar europeo. Asimismo, confirman que la cláusula de protección de datos es un elemento clave de todo contrato de Outsourcing, debido a que la mayoría de los clientes son titulares de ficheros que contienen datos de carácter personal que suelen ser tratados por el prestador en su rol de encargado del tratamiento. Además, en todo momento han de cumplir la ley 3/2018, Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digital (LOPDGDD) y el Reglamento General de Protección de Datos europeo 2016/679 (RGPD), estas normativas no impiden ni limitan el Outsourcing relacionado con el tratamiento de datos personales, sino que establecen unos mínimos que deben ser atendidos por los responsables del tratamiento en beneficio de todos los interesados.

Por último, desde la consultora, destacan que el RGPD ha simplificado la realización de transferencias internacionales de datos, pues el legislador europeo ha sido consciente de la importancia que este tipo de servicios en Outsourcing tiene para la competitividad de las empresas europeas.

Hasten Group: Consultora española, que nace en 2015, fruto de la fusión por absorción de dos empresas tecnológicas que reunían más 10 años de experiencia en el campo del desarrollo de aplicaciones móviles y web, con el objetivo de consolidarse como proveedor de confianza de servicios tecnológicos para empresas. Actualmente, cuenta con más de 100 profesionales. Ha participado en más 60 proyectos desarrollando su actividad en diferentes sectores: finanzas, telecomunicaciones, utilities, administración pública, sanidad, energía, formación o turismo. Está homologada por las más importantes multinacionales tecnológicas y financieras y representa un nuevo concepto en la búsqueda de la “especialización integrada” apostando por la eficiencia en profesionalización y gestión. https://www.grupohasten.com

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Qué debes saber para cumplir con la ley antifraude y evitar la doble contabilidad

• La nueva Ley Antifraude introduce importantes novedades en el ámbito fiscal y tributario. Y recoge medidas que van, desde el control de las criptomonedas y la limitación de los pagos en efectivo, hasta la prohibición de utilizar software de doble uso. Así, el software que se utilice para gestionar la contabilidad deberá garantizar, en todo momento, la integridad, conservación y trazabilidad de los registros contables. La nueva Ley introduce, además, la prohibición expresa de practicar la contabilidad en B. 

Isabel Pomar, CEO de Datisa  

ROIPRESS / LEGALIDAD / EXPERTOS - Tras la aprobación, el pasado mes de julio, de la Ley 11/2021, conocida como Ley Antifraude, tanto las empresas como las personas que desempeñen una actividad económica deberán llevar al día sus registros contables. Y la información de las facturas que emiten. Queda terminantemente prohibida la contabilidad en B. Y, cualquier software contable que se utilice tiene que garantizar la integridad, conservación, inalterabilidad y trazabilidad de los registros. Por lo tanto, también queda prohibida la utilización del software de doble uso para gestionar la contabilidad de cualquier negocio. 

El software de doble uso es un sistema excesivamente laxo que permite llevar diferentes contabilidades o no reflejar determinadas anotaciones transaccionales. Estos sistemas, cuyo uso penaliza expresamente la nueva Ley Antifraude, permiten registrar operaciones diferentes a las anotaciones que se han realizado. Y modificar las que ya están registradas. Es decir que dan pie a la creación de las famosas “Cajas B”, que es lo que pretende eliminar la Agencia Tributaria.

Isabel Pomar, CEO de Datisa dice que “la Ley 11/2021 obliga a las organizaciones a adaptar sus programas de contabilidad y facturación, en los que se engloban los ERP a los requerimientos normativos. El problema es que el legislador nos dice el qué y no el cómo, por lo que sólo podemos cumplir con el espíritu de la ley. Estamos a la espera del desarrollo reglamentario de esta normativa con el fin de complementarla e introducir parámetros objetivos que puedan definir cuándo se incumplen los requisitos establecidos en la misma. Por lo que hoy, más que nunca, es importantísimo tener los programas actualizados y al día”

Las empresas deben garantizar la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de sus registros. Algo que solo pueden hacer con la fiabilidad y velocidad que exige la nueva normativa, utilizando un sistema ERP actualizado. Eso sí, un software flexible y fácil de utilizar que incluya las actualizaciones pertinentes y que impidan su doble uso. 

Pero, garantizar la integridad y conservación de los datos no depende sólo del programa. Como explica Isabel Pomar, el papel del sistema informático también es clave, especialmente, en cuanto a las medidas de seguridad del servidor y de la BBDD. En los sistemas On Premise el responsable es el dueño de la licencia, mientras que en los sistemas Saas o Hosting lo es el proveedor.

Algunas cuestiones importantes que deben tener en cuenta las pymes para garantizar el cumplimiento de la nueva Ley Antifraude, respecto a su software contable son:

1. Programas adaptados a la nueva normativa. El ERP de Datisa, por ejemplo, está adaptado a la nueva normativa. Pero, además, en su nueva versión introduce algunos cambios que mejoran la trazabilidad de la información.

2. Atención a las posibles modificaciones posteriores a la Ley. Está previsto que el Legislador haga un desarrollo reglamentario de la normativa. La finalidad es complementarla e introducir parámetros objetivos para definir el incumplimiento de los requisitos establecidos. Queda abierta la posibilidad de que el software necesite certificación.  Aunque el cuándo es todavía una incógnita. El equipo de desarrollo de Datisa permanece atento a las modificaciones que proponga la nueva disposición reglamentaria, respecto a los cambios que proponga la norma y la posibilidad de homologación de sus programas para ejecutar los cambios oportunos en los plazos que exija el futuro reglamento.

3. Seguridad respecto a las sanciones. Una de las cosas que más preocupa a las empresas cuando entra en vigor una nueva Ley, son las posibles sanciones que acarrearía su incumplimiento. En este sentido, desde Datisa se manifiestan claros al respecto. Cualquier pyme que utilice el ERP de Datisa tiene la seguridad de estar operando con un programa 100% legal. 

4. Programas actualizados y confianza en el proveedor. Cuando hablamos de tecnología, las empresas buscan eficiencia, pero también, seguridad y transparencia. Por eso, ante los requisitos que estipula la nueva ley Antifraude respecto al uso del software contable, las pymes deben poder confiar en sus proveedores. Y tener la seguridad de que tomará las medidas necesarias para adaptar sus programas y sistemas a las modificaciones del nuevo reglamento. En todo caso, lo que sí deben hacer las pymes es mantener sus programas actualizados, incluyendo las nuevas versiones. En esta ocasión, la nueva Ley incide principalmente sobre los programas de contabilidad y facturación, por lo que habrá que poner el foco en ellos.

En definitiva, acabar con el fraude fiscal es el principal objetivo de una Ley que implica y obliga a todas las empresas por igual. En este sentido, las sanciones económicas asociadas al incumplimiento normativo van desde los 50.000€ para las empresas usuarias, hasta los 250.000€ para los fabricantes y/o comercializadores de software.

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HUMOR

-octubre 2021-

MOMENTOS EVA PÍMEZ by KAPICUA.ES     ·     VISITANDO PARÍS

 

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La NIS 2 se retrasa en España: cómo pueden anticiparse a su obligatoriedad las empresas afectadas

 

• El pasado 17 de octubre entró en vigor la normativa europea de ciberseguridad NIS 2, que afectará a 100.000 medianas y grandes empresas de Europa de sectores esenciales y críticos

• En España, aún no se ha adaptado a la legislación nacional, por lo que aún no es obligatoria

• Habrá sanciones de hasta 10 millones de euros para empresas que no cumplan con la NIS 2

• La certificadora mundial TÜV Rheinland ha preparado una guía para que las empresas afectadas puedan ir preparándose

ROIPRESS / ESPAÑA / NORMATIVA - España registró 107.777 ciberataques en 2023, un 94 % más que en 2022. Estas impactantes cifras han llevado a la Unión Europea a actuar y lanzar la Directiva NIS 2, una actualización que refuerza los requisitos de la actual NIS, vigente desde 2016. 

La normativa afectará a 100.000 empresas de toda Europa y tendrá una mayor supervisión y sanciones. En España, aún no se ha producido la adaptación a la legislación, por lo que desde la certificadora mundial TÜV Rheinland han preparado una guía para que las afectadas puedan ir preparándose:

1. Saber si eres una empresa afectada. El primer paso es identificar si la empresa pertenece a los sectores críticos definidos por la NIS 2 y registrarse oficialmente como una entidad a la que le es aplicable la normativa. Esto asegura que las autoridades competentes tengan constancia de la organización.

2. Definir un modelo de gobernanza de ciberseguridad. Esto incluye establecer roles y responsabilidades dentro de la organización, designar un responsable de seguridad y garantizar que las decisiones se alineen con la estrategia empresarial.

3. Seguridad en toda la cadena de suministro. Aunque no te ataquen directamente a ti, los ciberdelincuentes pueden acceder a través proveedores o terceros, por lo que hay que asegurarse de que cumplan también con estándares de ciberseguridad. 

4. Plan de continuidad de negocio. Es importante contar con un plan que permita a la empresa operar durante y después de un ciberataque o interrupción significativa, ya pueden secuestrar tu información y detener tu actividad o producción durante semanas o meses.

5. Sensibilización de los trabajadores. Es crucial formar y concienciar a todos los empleados sobre la importancia de la ciberseguridad y sus responsabilidades individuales para prevenir incidentes.

6. Asignación presupuestaria Cumplir con la NIS 2 implica una inversión continua. La empresa debe asignar una partida presupuestaria anual para personal, tecnología, auditorías y formación.

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A través de "EL ANFiTRiÓN DEL CAMBiO", David C. Mendoza comparte con la audiencia su conocimiento y experiencia en el uso de las Leyes Mentales, para que las personas que busquen hacer cambios a mejor en sus vidas puedan lograrlos.

¿Qué pasa si la empresa no cumple con la normativa?

La actualización de la NIS incluye un endurecimiento de las sanciones en caso de incumplimiento: 

• Para las entidades esenciales, las multas pueden alcanzar la cifra de 10 millones de euros o el equivalente al 2% de su negocio total anual global, 

• En el caso de las entidades importantes, pueden llegar a 7 millones de euros o a un máximo del 1,4% de su negocio total anual global.

Según explica Rubén Fusté, Sales Manager de Servicios Industriales y Ciberseguridad de TÜV Rheinland España: “Para cumplir con la NIS 2, las empresas deben comenzar por realizar un análisis de brechas para evaluar su nivel actual de ciberseguridad y desarrollar un plan de acción que priorice los riesgos más significativos. Es fundamental que en 2025 destinen presupuesto específico a la gestión de la ciberseguridad, establecer un modelo de gobernanza eficaz que asigne claramente responsabilidades y garantizar la seguridad de la cadena de suministro”.

La Directiva NIS 2 en España representa una oportunidad única para modernizar y fortalecer la red seguridad digital, esencial para el desarrollo económico y la seguridad nacional. 

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Valencia supera los 500 accidentes de patinetes en 2021 y anuncia controles de alcohol para estos vehículos

/COMUNICAE/

En el marco de la mesa redonda organizada en Valencia por Línea Directa Aseguradora con motivo del lanzamiento de ‘Safe&Go’, su seguro para VMP, Aarón Cano ha adelantado que "además de los controles de velocidad ya vigentes, vamos a empezar con los controles de alcohol y drogas a los usuarios de estos vehículos"

Las nuevas formas de movilidad y su relación con el urbanismo, la tecnología, la seguridad vial y la sostenibilidad han sido algunos de los puntos analizados por los representantes de las distintas administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, en una sesión moderada por David Pérez-Renovales, Director General de Vivaz Seguros.

Además del Concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, el encuentro ha contado con la participación de: Roser Obrer, la nueva Directora General de obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible de la Generalitat Valenciana; Giuseppe Grezzi, Concejal de Movilidad Sostenible y Espacio Público del Ayuntamiento de Valencia, y Eduardo Olmedo de la Calle, Fiscal Delegado Provincial de Seguridad Vial de Valencia.

Para Olmedo “la normativa existente no es suficiente, debemos modificar el código penal para incluir los posibles delitos cometidos por este tipo de conductores. Además, son de vital importancia tres cosas: poder identificar a los conductores a través de una matrícula, tener un seguro obligatorio y una mínima formación en seguridad vial”.

El seguro “Vivaz Safe & Go”, patrocinador del evento, es el primero en el mercado que cubre a los usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) como patinetes, bicicletas o segways sin necesidad de un registro del vehículo ni una matrícula.

La movilidad urbana ha experimentado un cambio muy profundo en los últimos años, provocando que cuestiones como el urbanismo, el transporte, la tecnología y su influencia en la seguridad vial hayan pasado a un primer plano tanto en el ámbito político como en el informativo. En este sentido, Valencia, una de las capitales punteras en el campo de la movilidad en España, afronta el reto de repensar la ciudad para hacerla más humana, responder al desafío climático y promover nuevas formas de transporte no contaminantes.

Por ello, Línea Directa Aseguradora ha celebrado un debate enfocado en la seguridad vial ante las nuevas formas de movilidad, especialmente en relación con los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), cuyo uso está experimentando un gran auge desde hace unos años.

El encuentro, celebrado esta mañana en el edificio “Veles e Vents” de la Marina de Valencia bajo el título “Hacia una micromovilidad urbana sostenible, segura y conectada en Valencia: retos de la ciudad en materia de seguridad vial de Vehículos de Movilidad Personal", ha coincidido, además, con el reciente lanzamiento de “Vivaz Safe&Go”, patrocinador del evento. “Safe & Go” es el primer seguro dirigido a usuarios de VMP (patinetes, bicicletas, skates, patines, segways, monociclos y hoverboards), que cubre a la persona y su movilidad y no al vehículo y que puede ser contratado a demanda, respondiendo así a los desafíos que plantea la movilidad urbana.

La mesa de esta mañana ha contado con la participación de cuatro importantes personalidades de la Administración: Roser Obrer, Directora general de obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible de la Generalitat Valenciana; Giuseppe Grezzi, Concejal de Movilidad Sostenible y Espacio Público del Ayuntamiento de Valencia; Aarón Cano, Concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, y Eduardo Olmedo de la Calle, Fiscal Delegado Provincial de Seguridad Vial de Valencia. Su moderador, David Pérez Renovales, Director General de Vivaz, la marca de seguros de Salud de Línea Directa Aseguradora, ha asegurado en su intervención que “por su clima y el turismo, Valencia es una ciudad idónea para el uso de este tipo de vehículos. Además, está inmersa, como ciudad, en el gran reto de la transformación de la movilidad. Debemos reflexionar acerca de qué desafíos van a tener que afrontar sus ciudadanos, las administraciones y las empresas para conjugar una movilidad sostenible con la seguridad y qué podemos hacer para sustituir los vehículos más contaminantes”.

Una accidentalidad en aumento
La proliferación del uso de los VMP y la ausencia de una normativa clara ha hecho que aumente la siniestralidad de forma progresiva en los últimos años. Al tratarse de vehículos no matriculados y en los que no es obligatorio su aseguramiento, no existen datos oficiales de siniestralidad, aunque Línea Directa Aseguradora estima que en los últimos tres años se han registrado unos 1.300 accidentes con víctimas con VMP implicados y al menos 16 fallecidos.

Por su parte, según datos hechos públicos por la Concejalía de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, los accidentes donde hay patinetes involucrados no han parado de crecer en la capital valenciana. En 2017 solo hubo nueve accidentes con patinetes eléctricos; en 2018 esa cifra ya subió a 72 casos; en 2019 alcanzó los 368 siniestros; en 2020, a pesar del confinamiento, se alcanzó la cifra de 469 accidentes y en lo que va de 2021 se han producido ya 518 siniestros (cifras a 31 de octubre).

Desde el Ayuntamiento la preocupación por este aumento de la siniestralidad es tal que Aarón Cano, Concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, ha asegurado que ya han comenzado “a realizar controles de velocidad para estos vehículos y vamos a empezar con los controles de alcohol y drogas”.

Valencia, con Ordenanza de Movilidad desde 2019
En la actualidad, en la ciudad de Valencia rige una Ordenanza de Movilidad que entró en vigor en junio de 2019. Por primera vez, la normativa valenciana reguló la circulación de los VMP, incluyendo las zonas por donde pueden circular o la regulación del alquiler de vehículos sin conductor en la calle.

Valencia es una rara avis si la comparamos con el resto de municipios a nivel nacional, dada la gran dispersión normativa que hay sobre los VMP en las distintas ordenanzas municipales. Por si eso fuera poco, es uno de los pocos municipios que recoge de manera expresa el uso de los VMP en sus ordenanzas de circulación. Así lo ha confirmado Giuseppe Grezzi, Concejal de Movilidad Sostenible y Espacio Público del Ayuntamiento de Valencia: “nuestra ordenanza fue por delante de otras normativas municipales, tratando de adaptarnos al cambio de paradigma en la movilidad y en pro de la movilidad sostenible. Nosotros obligamos al uso del casco a los VMP que pueden ir a más de 25 km/h, entre otras medidas, y además plasmamos una serie de derechos y deberes que tienen que seguir los usuarios de este tipo de vehículos”.

A pesar de ello, Eduardo Olmedo de la Calle, Fiscal Delegado Provincial de Seguridad Vial de Valencia, ha afirmado que “hay que adaptar la legalidad a la realidad de estos nuevos vehículos y su siniestralidad. La normativa existente no es suficiente, debemos modificar el código penal, para incluir los posibles delitos cometidos por este tipo de conductores. Además, para mí, son de vital importancia tres cosas: poder identificar a los conductores a través de una matrícula, tener un seguro obligatorio y una mínima formación en seguridad vial”.

Respecto a la importancia de la formación, Roser Obrer, Directora general de obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible de la Generalitat Valenciana, ha comentado que desde el Gobierno de la Comunitat “además de las ayudas a la compra de estos vehículos que pusimos en marcha en 2020 y en las que seguimos trabajando, necesitamos seguir fomentando la concienciación y que sus usuarios tengan cierta formación, por eso hemos puesto en marcha iniciativas para la formación y divulgación en colegios e institutos”.

En línea con su compromiso con la seguridad vial y la movilidad sostenible, Línea Directa Aseguradora ha lanzado “Vivaz Safe & Go”, el primer seguro 100% digital dirigido a usuarios de VMP: patinetes, bicicletas, skates, patines, segways y monociclos, entre otros.

El nuevo producto, que se comercializa a través de Vivaz, la marca de seguros de Salud del Grupo, revoluciona el concepto de seguro en España, ya que cubre a la persona y su movilidad y puede ser contratado a demanda del cliente, bajo el revolucionario concepto de “seguros on/off” o pago por uso: por segundos, minutos o durante todo un año. Para ello, el usuario puede activar y desactivar su seguro a través de la App de Safe & Go, pagando solo por el tiempo real que utiliza su VMP en cada trayecto. Además, también podrá consultar sus recorridos y hacer las gestiones de su póliza de forma digital y sin llamadas, las 24 horas del día, incluyendo la contratación, el alta de un parte de accidente o la consulta de sus pagos, entre otras opciones.

Fuente Comunicae

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Piscineando, la app gratuita para gestionar el aforo y los turnos de baño en las piscinas comunitarias

/COMUNICAE/

Los presidentes de las comunidades de vecinos están recibiendo muchas preguntas de los propietarios que quieren saber cuando abrirá la piscina este verano, y en qué condiciones. Madrid Ventures ha creado Piscineando, una app gratuita diseñada para gestionar el aforo y los turnos de baño de las piscinas comunitarias. La herramienta ideal para que las comunidades puedan gestionar sus piscinas cumpliendo con la normativa de una forma sencilla. ¡Usada ya por +300 comunidades de vecinos en toda España!

Desde hace unos días las comunidades de vecinos ya pueden abrir sus piscinas. Eso sí, las medidas de uso, control de aforo e higiene se han vuelto mucho más severas que en años anteriores (nueva regulación en el BOE del 16 de mayo 2020). Las piscinas comunitarias deben cumplir una nueva normativa estricta relativa a seguridad, higiene, aforo y mantenimiento de las instalaciones que son comunes a todas las CCAA. La Comunidad de Propietarios o el Administrador de Fincas deberá velar por una correcta aplicación de estas normas y aun no existen herramientas adecuadas para la gestión de las mismas.

En este contexto Madrid Ventures ha creado Piscineando, una app diseñada para gestionar el aforo y los turnos de baño de las piscinas comunitarias. Piscineando es una herramienta sencilla para que los administradores de fincas o presidentes de las comunidades puedan ofrecer una solución gratuita a sus vecinos. Usada ya por más de 300 comunidades de vecinos en toda España.

Para las autoridades sanitarias la medida más eficaz para evitar la transmisión del COVI-19 es el distanciamiento social y el refuerzo de la higiene. Por este motivo este año no todos los vecinos podrán disfrutar de la piscina a la vez. Las instalaciones comunitarias deberán tener un aforo controlado para no sobrepasar la capacidad de la instalación y siempre que sea posible respetar la distancia de dos metros entre usuarios. Es decir, que si no se puede mantener la distancia de seguridad, el aforo se reduciría a lo necesario para poder cumplir con esa medida.

Para poder acceder a la piscina la ley actualmente requiere establecer un sistema de gestión de horarios por turnos que aseguren el control del aforo legal permitido. La app de Piscineando ofrece un sistema automático de cálculo turnos, control de reservas y límite del tiempo de uso de la piscina para cada vivienda. El responsable de la gestión de la comunidad sólo tienen que completar los 4 pasos siguientes y todo estará listo en cuestión de minutos:

1. Instalarse la App en el móvil: Disponible para iOS y Android.
2. Dar de alta la comunidad en la App de forma muy sencilla: Introducir el nombre de la comunidad, la dirección y el número de viviendas.
3. Configurar las fechas de apertura de la piscina y los horarios de uso.
4. Repartir entre los vecinos el código único generado automáticamente por la App para la comunidad. Cada vecino desde ese momento podrá dar de alta a su unidad familiar y empezar a reservar sus turnos de acceso para disfrutar la piscina.

La App de Piscineando es una forma sencilla y eficaz para cumplir con la normativa. El administrador de la comunidad tendrá acceso a un histórico de turnos de uso de la piscina para cumplir con la legislación vigente y evitar sanciones. Actualmente el aforo máximo permitido en las piscinas comunitarias depende de la normativa establecida por cada comunidad autónoma. La app de Piscineando ayuda a calcular el aforo legal para la piscina de tu comunidad y permite asignar el numero de vecinos para gestionar el uso ordenado de turnos.

Más allá del tema de los turnos, los vecinos se hacen a menudo las siguientes preguntas:

¿Se puede estar cerca de los otros vecinos en el borde de la piscina? No, siempre hay que mantener la distancia de seguridad interpersonal de dos metros, también en las piscinas comunitarias. Además, la distancia también se debe mantener en las zonas compartidas, como en el espacio para poner las toallas, por ejemplo. La distribución espacial del recinto tiene que garantizar la distancia mediante señales en el suelo y todos los objetos personales deben permanecer dentro del perímetro de seguridad establecido, evitando en todo momento el contacto con el resto de usuarios.

¿Se puede bajar a la piscina con síntomas de Covid-19? No, según las autoridades sanitarias, cualquier persona con síntomas de tener coronavirus tiene que permanecer en casa y llamar a su centro de salud para que le indiquen el procedimiento a seguir. Además, si se encuentra en la piscina y tiene cualquier síntoma compatible con el virus tendrá que abandonar la instalación.

¿Se pueden usar los vestuarios? Sí, se pueden usar los vestuarios y los aseos, pero se deberá comprobar en todo momento que disponen de jabón y/o geles hidroalcohólicos o desinfectantes autorizados. Lo que no podrá utilizarse son las duchas de los vestuarios.

En resumen, para poder disfrutar de la piscina, las comunidades de propietarios tienen que llevar a cabo la reducción y control del aforo, la señalización de los espacios comunes para garantizar la correcta distancia de seguridad entre los vecinos, y la desinfección diaria de toda la instalación previa y durante a su apertura.

El equipo de Piscinenado seguirá trabajado en mejorar la App con nuevas soluciones para ayudar a disfrutar de las piscinas comunitarias en seguridad.

Fuente Comunicae

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Centinela Igualdad, la solución tecnológica de Lefebvre para la gestión del Plan de Igualdad

/COMUNICAE/

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, Lefebvre pone a disposición de las empresas una nueva solución tecnológica que ayuda a crear y gestionar el Plan de Igualdad en las diferentes fases de diagnóstico, implantación y seguimiento

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo, Lefebvre, empresa líder en España en información jurídica y soluciones prácticas para abogado, asesores y empresas, lanza Centinela Igualdad. Se trata de una nueva solución tecnológica que ayuda a crear desde cero el Plan de Igualdad y que acompaña en la gestión en las fases de diagnóstico, implantación de medidas, seguimiento y control.

La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (desarrollada en los Reales Decretos 901/2020 y 902/2020) obliga a las organizaciones empresariales a redactar un Plan de Igualdad específico. En marzo de 2020 comenzaron a hacerlo las sociedades con más de 150 trabajadores; el 7 de marzo de 2021 se amplió la obligatoriedad a las empresas con más de 100 trabajadores, y se extenderá esta exigencia a las organizaciones a partir de 50 trabajadores en 2022. Adicionalmente, la entrada en vigor de la nueva normativa que regula la igualdad retributiva comenzará a ser obligatoria a partir del próximo 14 de abril.

La preparación y el desarrollo de un Plan de Igualdad requiere contar con una estructura concreta. Como primer paso, se constituye una Comisión Negociadora, que será la encargada de registrar el documento en el Registro y Depósito de Acuerdos Colectivos (REGCON). Una vez acordado y registrado el plan, la Comisión de Seguimiento será el órgano que vele por la correcta puesta en marcha y aplicación de las medidas que se establezcan en el Plan.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social asume el control administrativo sobre la aplicación y sanción de los planes de igualdad, cuyas multas por incumplimiento pueden ir desde los 626 euros a los 187.515 euros, en el caso de las infracciones muy graves.

Centinela Igualdad incorpora una metodología de trabajo práctica que ayuda a los responsables del Plan de Igualdad desde la fase preparatoria y orienta sobre cómo realizar el diagnóstico de la empresa y los pasos a dar en el proceso de definición de las medidas a acometer. Algunas de las características de Centinela Igualdad son:

- Guía para la redacción del Plan de Igualdad y su registro en el REGCON.

- Seguimiento y evaluación continua de las medidas y su adaptación a la normativa.

- Protocolo para evitar acoso sexual o por razón de género, que además se apoya en un Canal de Denuncias general que está integrado en la solución.

La redacción de un Plan de Igualdad está sometida a los cambios normativos que se producen una vez registrado oficialmente, por lo que requiere de una actualización continua. Al tratarse de una solución integrada con los contenidos de Lefebvre, que incluye las referencias al Memento Social y la actualización normativa de la editorial, Centinela Igualdad cuenta con un sistema de alertas que facilita la identificación y el seguimiento del mapa de riesgos relacionado con el Plan.

Para, José Ángel Sandín, consejero delegado de Lefebvre, Centinela Igualdad “es nuestra manera de contribuir y facilitar el cumplimiento efectivo de la igualdad de género en el ámbito empresarial. Además, lo hacemos como mejor sabemos, dotando al usuario de las soluciones más accesibles, prácticas y constantemente actualizadas para el cumplimiento de la nueva normativa”.

Algunas de las funcionalidades que incluye Centinela Igualdad, muy demandadas por los departamentos de RRHH y los responsables de cumplimiento, son su capacidad para crear y gestionar encuestas anónimas para el Comité de Seguimiento; convocar reuniones y gestionar alertas asociadas al Plan; realizar una gestión documental efectiva que permite incorporar información y datos por terceros; solicitar la firma de documentos y el envío de notificaciones desde la propia plataforma; o un servicio de videoconferencia integrado y con capacidad multidioma, entre otras.

Fuente Comunicae

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Ya está en vigor la normativa europea que obliga a las empresas de más de 250 trabajadores medir su huella de carbono

 

• La Directiva CSRD impone estándares más exigentes para medir, reducir y certificar emisiones

• Empresas de todos los tamaños, incluidas las pymes, deben adaptarse rápidamente para evitar sanciones de entre 5.000 a 2,5 millones de euros y mejorar su competitividad a partir del año que viene

• España desarrolla normativas nacionales y autonómicas que marcan un cambio hacia la sostenibilidad y modernidad empresarial

ROIPRESS / EUROPA / NORMATIVA - En apenas dos semanas, las empresas españolas con más de 250 trabajadores, ingresos anuales superiores a 40 millones de euros o activos totales superiores a 20 millones están obligadas a desarrollar planes de medición, reducción y certificación de su huella de carbono. Lo que hasta ahora era una recomendación, se convierte ya en una necesidad regulatoria.

Con esta nueva regulación, las empresas que no cumplan con la norma se enfrentan a multas que van desde los 5.000 euros, hasta los 2,5 millones de euros. Pero, por otro lado, este nuevo marco más exigente representa una oportunidad para la modernización y mejora de la competitividad empresarial. La adaptación a estas normativas ambientales es crucial para el éxito empresarial y la puesta en marcha de estas políticas mejora el acceso a la financiación y fortalece la reputación corporativa, creando nuevas oportunidades de mercado.

En este sentido, Andrés Cester, cofundador y CEO de Manglai, aconseja a las empresas ante esta realidad inminente que “se anticipen a la legislación y adopten herramientas de medición continua de emisiones, alineándose con los estándares vigentes para evitar sanciones e impulsar su competitividad en un entorno cada vez más comprometido con la sostenibilidad”.

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Impacto en España: un liderazgo regulatorio

España adopta la normativa marco que llega desde Europa en este 2025, pero previamente ya había desarrollado iniciativas que sitúan a España a la cabeza de los países occidentales.

Aquí, esta normativa se materializa en regulaciones como la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que establece un marco para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, facilitar la descarbonización de la economía española y alcanzar la neutralidad climática en 2050. Además, la modificación del Real Decreto 163/2014 introduce la obligatoriedad de calcular la huella de carbono para un amplio rango de empresas, incluyendo grandes corporaciones y pymes cotizadas, que deberán reportar emisiones en tres alcances: directas, indirectas de electricidad, y de cadena de valor.

Sin embargo, la norma que afecta directamente a las empresas a partir del 1 de enero de 2025 es la Directiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Esta amplía significativamente el alcance de las empresas obligadas a reportar su sostenibilidad. Desde 2025, además de las grandes corporaciones, las medianas empresas deberán presentar información detallada sobre su impacto ambiental, social y de gobernanza (ESG).

La directiva introduce el principio de "doble materialidad", exigiendo a las empresas informar sobre cómo los temas de sostenibilidad impactan en su negocio, pero también acerca del impacto de sus actividades en la sociedad y en el medio ambiente.

Además, las actualizaciones previstas en normas como la ISO 14001 (gestión ambiental) para 2025 refuerzan la medición, control y reducción de emisiones en toda la cadena de valor. Este estándar será clave para alinear los esfuerzos nacionales con los marcos internacionales.

A nivel autonómico, regiones como Cataluña y Navarra ya han implementado legislaciones específicas que exigen planes detallados de reducción de emisiones y, en algunos casos, sistemas de comercio de derechos de emisión. Otras comunidades, como las Islas Baleares, han extendido esta obligatoriedad incluso a sectores como la agricultura y la ganadería.

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Lexington recibe el identificativo Garantía Madrid de protección frente al COVID-19

/COMUNICAE/

El identificativo Garantía Madrid forma parte del Plan de Reactivación del Gobierno de la Comunidad. Es gratuito y está dirigido a todas las empresas de la Región, que pueden solicitarlo y tramitarlo a través de la web www.garantia.madrid. Lexington, compañía especializada en la creación y comercialización de espacios de trabajo flexibles, ha obtenido el identificativo tras implementar un amplio abanico de medidas frente al COVID-19 y reforzar así la seguridad de todos sus usuarios

Lexington ha superado con éxito el proceso de verificación para obtener el identificativo Garantía Madrid de cumplimiento de la normativa frente al COVID-19. De esta manera, la organización quiere contribuir a proteger la salud de los ciudadanos madrileños y a promover la certidumbre que favorezca la reactivación económica de la Región.

Lexington, compañía pionera del sector de los espacios flex en España, ha obtenido los tres identificativos disponibles: Medidas de Cumplimiento, Medidas Extraordinarias y Acción Solidaria tras haber desarrollado e implementado un exhaustivo protocolo de prevención en todos sus centros. Cada una de sus ubicaciones ha sido reforzada a todos los niveles para conseguir las mayores garantías como espacios de trabajo saludables. Algunas medidas como la intensificación en las labores de desinfección, la implementación de fórmulas para garantizar la distancia de seguridad o la comunicación constante y transparente con los usuarios sobre todas las decisiones tomadas han sido claves para la obtención de este certificado de calidad.

“Recibir este Identificativo supone un importante impulso para nosotros y nos anima a seguir trabajando para proteger a nuestros clientes y trabajadores de posibles riesgos asociados al coronavirus. Creemos que cada persona importa y que todos podemos contribuir a la seguridad colectiva” explica David Vega, CEO de la empresa.

La compañía se suma así a más de un centenar de empresas que se han unido a esta iniciativa y que son referentes en su ámbito, tanto a nivel de toda la Comunidad de Madrid, como el Grupo PSA, la Fundación Jiménez Díaz, Viena Capellanes, Ilunion Lavanderías, Grand Class o Clínica Rementería, como de sus áreas de influencia dentro de la Región: Alcobendas, Alcorcón, Arganda del Rey, Getafe, Leganés, Moralzarzal, Parla, San Lorenzo de El Escorial, Valdemoro o Villaviciosa de Odón.

Un identificativo gratuito y universal para todas las empresas madrileñas
Garantía Madrid es una iniciativa promovida por la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, a través de la Fundación Madrid por la Competitividad, y es una de las 30 medidas del Plan para la Reactivación de la Comunidad de Madrid presentado por su presidenta, Isabel Ayuso, y su vicepresidente, Ignacio Aguado. Su objetivo es ayudar a los comercios, oficinas, empresas, industrias, asociaciones, ONG, pymes y autónomos de la Región a adaptarse a la nueva realidad tras la pandemia.

A través de la web www.garantia.madrid, cualquier negocio de cualquier tamaño y sector, puede informarse y formarse sobre todo lo necesario para llevar a cabo el cumplimiento de la normativa de seguridad frente al COVID-19. La obtención de este identificativo es totalmente gratuita, y todo el proceso se realiza de forma telemática, a través de una plataforma digital dotada de Inteligencia Artificial capaz de detectar de forma automática el cumplimiento de la normativa. Una vez validado dicho cumplimiento se emite el identificativo, que la empresa recibe junto con código QR para que cualquier persona pueda acceder a una web con información detallada sobre las medidas de seguridad adoptadas por la entidad y las normas a seguir en ese establecimiento.

Sobre Garantía Madrid
Garantía Madrid es una iniciativa promovida por la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación Madrid por la Competitividad, como una de las 30 medidas del Plan para la Reactivación de la Comunidad de Madrid. Se trata de un identificativo gratuito y universal para que las empresas, pymes, instituciones, organizaciones, asociaciones y ONG de la Región puedan acreditar el cumplimiento de la normativa de protección frente al COVID-19. El identificativo Garantía Madrid contribuye a crear un entorno de confianza y seguridad para la ciudadanía y al mismo tiempo favorece la reactivación económica de todos los municipios de la Región.

Más información: www.garantia.madrid

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EDE Ingenieros crece en servicios de ingeniería industrial

/COMUNICAE/

Como integradores de servicios, se ha especializado en instalaciones industriales con intercambio térmico y transporte de fluidos. Desarrolla proyectos para Wartsila, Derivados del Flúor, Feralco Iberia, Onduline, Sun Chemical, Bridgestone, etc

La firma EDE Ingenieros ha ampliado el área de ingeniería industrial de la mano de su especialización en diseño y modificación de instalaciones industriales. El aumento de la demanda se basa en su capacidad como integradores de servicios y en su conocimiento de las instalaciones, especialmente aquellas donde se producen procesos de intercambio térmico y transporte de fluidos. Esto le ha llevado a prestar apoyo técnico a numerosas empresas a la hora de realizar renovaciones, ampliaciones o traslados de sus plantas, ofreciendo una visión global y una trayectoria de 28 años en el sector.

“Nuestro perfil como integradores nos permite solucionar los problemas en las instalaciones teniendo en cuenta todos los parámetros de seguridad, eficiencia, normativa… con un gran ahorro tiempo para los clientes y pensando en el largo plazo” comenta Juan José Ducar, responsable comercial de EDE Ingenieros.

Los servicios más solicitados están relacionados con la adecuación de instalaciones a la normativa vigente, proyectos de legalización y el diseño de instalaciones industriales en general. En este campo se aborda desde el almacenamiento de productos químicos hasta el diseño de la implantación de una nueva línea de proceso o incluso el traslado de fábricas completas. En estas actuaciones el equipo técnico de EDE Ingenieros desciende hasta los detalles para que todo funcione debidamente. Su cometido es que las instalaciones y las reformas que se realicen estén optimizadas, sean seguras, eficientes -no solo energéticamente- y se adecuen a la normativa vigente.

Además, presta asesoramiento técnico a los clientes para la mejora de los procesos mediante acciones en los ámbitos de: automatización, instrumentación, mejora de la seguridad, mejora de la eficiencia y reducción del impacto ambiental, reducción de la factura energética, monitorización de los consumos, etc.

Entre los sectores de actuación destaca su implantación en el sector químico, de donde recibe una importante demanda, motivada por la naturaleza de los procesos. También en el sector de la alimentación, que el equipo de EDE Ingenieros conoce bien. Además, trabaja en el sector de máquina herramienta -centrándose, sobre todo, en los equipos auxiliares para optimizar los sistemas- y en siderurgia, donde abordan los circuitos de refrigeración, neumática, equipos de aire comprimido, instalaciones eléctricas, control… “son campos donde nos movemos con facilidad y tenemos mucho que aportar” afirma su responsable comercial.

Entre los proyectos en curso, la firma está colaborando actualmente con Wartsila realizando reformas en el banco de ensayos que la empresa tiene en Bermeo para la utilización de H2 como combustible, en diferentes proporciones. También lleva a cabo la ingeniería de integración de una instalación para Derivados del Flúor, para la producción de fluoruro de amonio ultrapuro. En Sun Chemical está realizando el diseño conceptual de un almacén de productos químicos para recipientes móviles y colabora con Bridgestone desde hace tiempo realizando adecuaciones de las instalaciones a las nuevas normativas de seguridad industrial.

Este tipo de proyectos representa actualmente el grueso de su negocio, ya que la ingeniería industrial supone entre el 65% y el 70% de su actividad. Esta se complementa con el área de consultoría energética, que también está creciendo, fundamentalmente “por el cambio de mentalidad y la revolución que ha supuesto la normativa energética en la industria. Las empresas están cambiando sus departamentos y adaptándolos para contemplar el área energética y están viendo su actividad bajo un punto de vista energético cada vez más exigente”. A nivel de resultados, este año EDE Ingenieros superará ligeramente los valores que alcanzó en 2019 y prevé un próximo ejercicio en línea ascendente.

Fuente: Servicios Periodísticos

Fuente Comunicae

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