Escándalo en la AEPD: Presuntamente hay inspectores tramitando expedientes fuera del marco legal

 

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SERVIPRESS / ESPAÑA / ADMINISTRACIONES - La opacidad de la institución impide confirmar bajo qué amparo legal se han realizado las adscripciones provisionales de siete instructores que llevan más de tres años en situación presuntamente irregular conforme la normativa actual.

Sale a la luz una grave presunta irregularidad en el seno de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Diversos expedientes podrían estar siendo tramitados por Inspectores Instructores cuya situación laboral podría encontrarse fuera del marco legal establecido para la Administración Pública, lo que podría arrojar serias dudas sobre la capacidad y méritos para la realización de sus actuaciones inspectoras/instructoras.

La normativa vigente es estricta al respecto. El artículo 63 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, delimita la figura de la "adscripción provisional" de funcionarios a tres únicos y exclusivos supuestos:

1. Remoción o cese en un puesto de trabajo obtenido por concurso o libre designación.

2. Supresión del puesto de trabajo.

3. Reingreso al servicio activo de los funcionarios sin reserva de puesto de trabajo.

A esto se suma el artículo 72.2 del mismo Real Decreto, que obliga a las administraciones públicas a que los puestos cubiertos de manera provisional sean convocados para su cobertura definitiva a través de los sistemas previstos en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), siendo obligatoria la participación de quienes los ocupan temporalmente.

Más de tres años de presuntas irregularidades y falta de convocatorias

Lejos de cumplir con esta normativa, se ha detectado que todos los puestos detallados a continuación figuran en las RPT de la AEPD con el concurso de méritos como forma de provisión, pero se mantienen como puestos "no vacantes" y en adscripción provisional desde hace más de tres años:

Código del Puesto	Fecha de Adjudicación	Denominación del Puesto	Fecha de Convocación
5710821	05/09/2023	Inspector/a Instructor/a N. 26 (SGID)	22/04/2026
5678856	15/02/2023	Inspector/a Instructor/a N. 26 (SGID)	En el limbo legal
5678857	16/02/2023	Inspector/a Instructor/a N. 26 (SGID)	En el limbo legal
5678858	16/02/2023	Inspector/a Instructor/a N. 26 (SGID)	22/04/2026
5678859	16/02/2023	Inspector/a Instructor/a N. 26 (SGID)	22/04/2026
5678860	16/02/2023	Inspector/a Instructor/a N. 26 (SGID)	En el limbo legal
5678855	01/03/2023	Inspector/a Instructor/a N. 26 (SGID)	22/04/2026

A pesar de que durante estos más de tres años la AEPD ha sacado a concurso varios puestos de características similares, la regularización de estos siete inspectores ha sido flagrantemente ignorada. No fue hasta el pasado 22 de abril de 2026,   BOE 104 de 29/04/2026, cuando se convocaron cuatro de estos puestos, quedando los tres restantes todavía en el limbo legal al no haber sido convocados.

Existe una flagrante “contradicción” documental público administrativa al convocar puestos de trabajo que están en situación de “No Vacante”

Exigen transparencia inmediata

La actual opacidad institucional de la AEPD impide que la ciudadanía y los afectados por sus resoluciones conozcan cuál de los tres motivos contemplados en la ley ha justificado estos nombramientos. 

La Agencia sostiene que la competencia para aprobar y modificar su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) recae de forma exclusiva sobre la propia Agencia, autorizándose mediante resolución de su Presidencia. Sin embargo, parece desconocer o no quiere desvelar, la causa legal concreta de estas ocupaciones provisionales y el motivo de porqué no han sido convocados.

La AEPD en sus resoluciones de transparencia invita a la ciudadanía que solicita información de su personal a que visite la siguiente dirección: https://www.aepd.es/documento/rpt-funcionarios.pdf, cuando resulta que, la última actualización de esta página a fecha de la redacción de esta noticia, es de 16 de septiembre de 2024. Lo que evidencia una falta de transparencia y una opacidad alarmante dentro del seno de la institución.

 

Ante esta alarmante falta de transparencia en un organismo público cuya razón de ser es, precisamente, velar por las garantías legales de los ciudadanos, se exige una aclaración pública e inmediata sobre la situación de estos expedientes y las medidas que se tomarán para depurar responsabilidades y restaurar la legalidad en sus Relaciones de Puestos de Trabajo.

"La falta de transparencia vuelve imperceptible la línea entre la independencia y la anarquía."

Contactada previamente la Agencia Española de Protección de Datos para ofrecer su versión o rectificar estos datos, la institución ha declinado hacer declaraciones a la hora del cierre de esta publicación.

Investigación: Pedro José Masiá Samper

Redacción apoyada en IA

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Del "es por tu bien", al "todo contamina por tu culpa": Llega el adiós a consumir envases de un solo uso

• La obsesiva regulación europea de todo y de todos ahora vuelve a la época de nuestras abuelas e impulsará progresivamente la reutilización en hostelería, porque desde 2027 los clientes podrán llevar su propio recipiente, aunque ahora nada les prohíbe hacerlo

• El 87% de los consumidores busca productos con menos envases y el 40% ya ha dejado de comprar alguno por considerar poco sostenible su packaging

ROIPRESS / EUROPA / REGULACIONES - La aplicación desde el pasado 12 de agosto del nuevo Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases (PPWR) marca el inicio de una transformación que llegará de forma progresiva a bares y restaurantes. La norma busca reducir los residuos, aumentar la reutilización y conseguir que los envases comercializados en la Unión Europea sean reciclables en 2030, impulsando nuevos formatos y sistemas de servicio durante los próximos años.

El cambio tendrá especial relevancia en España. Restaurantes, bares, cafeterías y pubs generan cerca de 116.200 millones de euros al año, emplean a 1,39 millones de personas y representan alrededor del 4,7% del PIB nacional, según Hostelería de España. Además, el canal HORECA genera cerca del 50% de los residuos de envases de vidrio de un solo uso, lo que refleja el papel de la restauración en la gestión de estos materiales.

El sector, sin embargo, no parte de cero. Los establecimientos llevan años incorporando medidas relacionadas con el reciclaje, la reducción del desperdicio alimentario o la disminución del uso de plásticos. La nueva normativa supone avanzar hacia la reutilización y encontrar soluciones que puedan funcionar en negocios muy distintos, manteniendo la seguridad alimentaria, la comodidad y la calidad del servicio.

Esa evolución coincide con un consumidor cada vez más atento a los envases. El Barómetro de Sostenibilidad 2026 de AECOC Shopperview señala que el 74% de los españoles considera importantes las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y 7 de cada 10 reconocen que el envase influye en sus decisiones de compra. Además, un 40% afirma haber dejado de comprar algún producto por considerar que su envase no era sostenible.

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La predisposición a cambiar hábitos es incluso mayor cuando existen alternativas sencillas: el 87% busca productos con menos envases y el 75% estaría dispuesto a cambiar de formato si con ello se redujeran significativamente los residuos. Al mismo tiempo, el 67% considera importante que el envase garantice la seguridad de los alimentos, una combinación de sostenibilidad y funcionalidad que será clave para la restauración.

Los primeros sistemas de reutilización que ya funcionan en Europa muestran precisamente la importancia de facilitar el proceso al cliente. Un informe europeo de 2025 sobre envases reutilizables para comida y bebida para llevar sitúa una tasa de devolución próxima al 95% como referencia para conseguir modelos eficientes y escalables. En Aarhus, Dinamarca, un sistema de vasos reutilizables con máquinas de devolución distribuidas por la ciudad está alcanzando en 2026 una tasa media de retorno del 92%.

La normativa dará tiempo a los restaurantes para probar y adaptar estas soluciones. Desde febrero de 2027, los negocios de comida y bebida para llevar deberán permitir que el cliente utilice su propio recipiente sin coste adicional. En 2028 se incorporarán alternativas reutilizables en determinados servicios de take away y, a partir de 2030, se restringirán algunos envases de plástico de un solo uso utilizados en hostelería, incluidos determinados formatos individuales de salsas y condimentos.

“Ese calendario permitirá valorar qué opciones se adaptan mejor a cada tipo de establecimiento”, aseguran desde Bulla, céntrico restaurante madrileño. “Envases retornables, dispensadores, recipientes propios o sistemas compartidos entre varios negocios son algunas de las fórmulas que pueden ganar protagonismo”, concluyen. Hostelería de España ha señalado incluso que la sustitución de determinados formatos individuales podría generar ahorros en algunos productos.

El reto de volver convertir la sostenibilidad en el hábito de consumo que hemos olvidado y que se rechazaba para ser "más innovadores"

Las últimas décadas del Siglo XX impulsaron insistentemente el usar y tirar en un afán de comodidad que se asociaba a moderno, y en donde ir a supermercado con tu bolsa era de horteras, ir a la bodega a devolver las botellas vacías de vino o cerveza era de pobres, y llevarse la comida sobrante de plato en un restaurante era de tacaños. Ahora, una vez más, se puede decir aquello de que la abuela tenía razón  y la industria no.

La magnitud del problema explica el impulso regulatorio. La Comisión Europea cifra en más de 180 kilos por habitante al año los residuos de envases generados en la Unión Europea y calcula que alrededor del 40% del plástico utilizado en Europa se destina a envases. Un estudio del Joint Research Centre publicado en julio de 2026 añade que, entre 2011 y 2025, el plástico fue el único gran material de envase cuyo uso aumentó, con un crecimiento del 11% en términos absolutos.

Para la restauración, reducir esas cifras implicará también acompañar al cliente en nuevos hábitos. Llevar un recipiente propio, devolver un vaso o elegir un formato reutilizable puede acabar formando parte de la experiencia habitual siempre que las alternativas sean cómodas y fáciles de incorporar.

Desde Bulla valoran esa evolución como una oportunidad. “El cliente es cada vez más consciente de cómo consume y creemos que la restauración tiene una oportunidad para acompañar ese cambio. Si las nuevas soluciones consiguen ser sostenibles, cómodas y fáciles de integrar en el servicio, pueden formar parte de la experiencia con total naturalidad”, señalan.

Los próximos años servirán para comprobar qué modelos terminan asentándose. Más que limitarse a la desaparición de determinados envases, la nueva regulación apunta a una transformación más amplia de la relación entre restaurantes, consumidores y packaging, con la reutilización y la sostenibilidad cada vez más integradas en la experiencia diaria.

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Una interrupción en un vuelo puede costar 514 € adicionales a cada pasajero afectado

• Solo 1 de cada 4 pasajeros asegura que el retraso o la cancelación de su vuelo no le ocasionó consecuencias económicas

• De los pasajeros que no solicitaron indemnización por el cambio de horario de su vuelo, el 25 % confirmó que no sabía que podía hacerlo y el 17 % encontró muchas trabas en el proceso

ROIPRESS / ESPAÑA / INFORMES - Un retraso o una cancelación de vuelo no solo supone horas de espera en el aeropuerto. Para muchos viajeros también implica gastos inesperados, planes frustrados e incluso pérdidas económicas importantes. Según una encuesta realizada por AirHelp, la empresa tecnológica que mejora la experiencia de los pasajeros durante la interrupción de un vuelo, si se observa la tendencia a nivel mundial, una interrupción en un vuelo puede suponer hasta 514 euros adicionales de coste medio por persona afectada. En el caso específico de España, que presenta una de las facturas extra más bajas -junto con Portugal-, este importe asciende a los 340 €.

El estudio, que analiza el impacto económico y personal de este tipo de incidencias, revela que el 57 % de los pasajeros españoles ha tenido que asumir gastos adicionales cuando su vuelo se retrasa o se cancela. A ello se suman otros efectos menos visibles, pero igualmente relevantes, como la pérdida de reservas no reembolsables, oportunidades laborales o tiempo de vacaciones.

En este sentido, el 19 % confirmó haber perdido dinero ya invertido en reservas no reembolsables, y el 4 % afirmó haber perdido dinero que esperaba ganar por motivos laborales.  En este caso, solo el 26 % asegura que el cambio de horario en su vuelo no tuvo consecuencias económicas. 

El dinero no es el único problema

El 69 % de los pasajeros españoles asegura haber sufrido estrés como consecuencia de una interrupción aérea, incluso un 26% afirma haber experimentado efectos físicos como fatiga o falta de sueño. 

En este sentido, las repercusiones se extienden mucho más allá del aeropuerto. El 30 % afirmó que la interrupción trastocó planes concretos durante su viaje, como visitas turísticas o actividades complementarias. El 23 % faltó al trabajo o a sus obligaciones profesionales, y el 18 % se perdió eventos personales, como reuniones familiares o celebraciones. Solo el 7 % afirmó no haber sufrido ningún impacto más allá de la propia interrupción.

De hecho, para el 46% de los encuestados, el estrés y la incertidumbre generados por la situación fueron la peor parte de la experiencia, por encima incluso de las consecuencias económicas. 

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Muchos pasajeros siguen sin reclamar sus derechos

A pesar de que la legislación europea contempla compensaciones económicas de hasta 600 euros por pasajero cuando la aerolínea es responsable del retraso o cancelación, todavía existe un gran desconocimiento sobre estos derechos. Entre quienes no reclamaron, uno de cada cuatro reconoce que no sabía que podía hacerlo, mientras que el 17 % abandonó el proceso al encontrar demasiadas dificultades o trámites complejos.

A esta falta de información se suma la percepción negativa de muchos viajeros sobre la atención recibida durante estas incidencias. Según la encuesta, el 45 % de los pasajeros se muestra insatisfecho con la asistencia proporcionada por la aerolínea, y solo el 29 % afirma haber recibido información sobre sus derechos durante la interrupción del vuelo.

Ante este escenario, AirHelp ha lanzado una nueva edición de su guía sobre derechos de los pasajeros aéreos, un recurso práctico que explica qué asistencia deben proporcionar las aerolíneas, cuándo existe derecho a compensación y qué pasos conviene seguir para gestionar una reclamación de forma eficaz. 

"La incertidumbre es uno de los aspectos que más afecta a los pasajeros cuando sufren una interrupción. Con esta guía queremos ofrecer información clara y accesible para que los viajeros sepan qué derechos les asisten y cómo actuar en una situación que suele generar muchas dudas", señala Rosa García, experta legal de AirHelp. 

En el caso de vuelos hacia, desde y entre países de la Unión Europea, la CE 261 respalda los derechos de los pasajeros aéreos y se considera una de las legislaciones más completas del mundo. 

La normativa reconoce a los pasajeros una serie de derechos en caso de retrasos, cancelaciones, overbooking o pérdida de conexiones. Entre ellos se incluyen el derecho a recibir comida y bebida a partir de dos horas de retraso, alojamiento y transporte cuando la incidencia obligue a pasar la noche fuera, y la posibilidad de elegir entre un vuelo alternativo o el reembolso íntegro del billete si el retraso supera las tres horas o el viaje se ve afectado por una cancelación, una denegación de embarque o una conexión perdida.

Además, los pasajeros pueden tener derecho a una compensación de hasta 600 euros por persona cuando la incidencia sea responsabilidad de la aerolínea y no se deba a circunstancias extraordinarias. La normativa también protege frente a daños, retrasos o pérdidas de equipaje, con indemnizaciones de hasta 1.900 euros. Para facilitar cualquier reclamación, es recomendable conservar toda la documentación del viaje, como la tarjeta de embarque, las comunicaciones de la compañía y los recibos de los gastos ocasionados por la incidencia.

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La empresa española CleanBird Señalización Vial impulsa planes de mantenimiento preventivo para garantizar la seguridad en recintos empresariales

 

La compañía, especializada en señalización vial horizontal y vertical, alerta de los riesgos que supone el deterioro progresivo de la pintura, y por ello ofrece auditorías periódicas para prolongar la vida útil de las señalizaciones en zonas de trabajo con tráfico 

Esperar a que las marcas del suelo se borren prácticamente por completo para repintar es un error recurrente que compromete la seguridad de trabajadores y visitantes. 

ROIPRESS / ESPAÑA / EXPERTOS – En el ámbito industrial y logístico, la señalización sobre el pavimento no es un elemento estático, sino un componente operativo expuesto a un desgaste severo y continuo. El tráfico constante de maquinaria, el frenado de vehículos pesados y las inclemencias meteorológicas degradan progresivamente la visibilidad de las líneas. Para dar respuesta a este reto, CleanBird Señalización Vial ha reforzado sus servicios de conservación preventiva y mantenimiento viario, una línea de trabajo orientada a garantizar que la señalización de recintos industriales y comerciales mantenga su eficacia y validez en materia de prevención de riesgos laborales a lo largo del tiempo.

Desde la compañía recuerdan que esperar a que las marcas del suelo se borren prácticamente por completo para repintar es un error recurrente que compromete la seguridad de trabajadores y visitantes. Una señalización desgastada pierde sus propiedades reflectantes y de contraste, incrementando el riesgo de incidentes en zonas de maniobra y pasos peatonales. Mediante programas de revisión y repintado programado, CleanBird ayuda a las empresas a anticiparse al deterioro, realizando intervenciones ágiles que evitan la degradación total del marcado visual.

El valor diferencial de estos planes de mantenimiento preventivo radica en la flexibilidad de ejecución para no interferir en la actividad diaria del cliente. CleanBird evalúa el estado del firme y los niveles de desgaste en áreas de alto tránsito, programando los trabajos de conservación en turnos o periodos de baja actividad operativa. De este modo, las instalaciones conservan siempre un estándar óptimo de seguridad sin necesidad de paralizar la operativa habitual de almacenes o viales exteriores.

Con este servicio de conservación continua, CleanBird Señalización Vial consolida su compromiso con la prevención activa. La firma demuestra que un mantenimiento planificado no solo preserva la imagen de orden y profesionalidad de cualquier instalación, sino que constituye la herramienta más eficaz para mantener los espacios de trabajo 100% protegidos y adaptados a la normativa de forma permanente.

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La CNMV autoriza a AhoraCrypto como proveedor de servicios de criptoactivos bajo MiCA

La compañía madrileña, fundada en 2022 por dos emprendedores españoles, se incorpora al reducido grupo de entidades autorizadas por el supervisor, hasta ahora dominado por grandes bancos. El expediente ha sido dirigido por el despacho ATH21

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha autorizado a AHORACRYPTO, S.L. su transformación en proveedor de servicios de criptoactivos (PSC) conforme al Reglamento (UE) 2023/1114, conocido como MiCA. La resolución habilita a la compañía para prestar servicios de canje de criptoactivos por fondos y de transferencia de criptoactivos por cuenta de clientes.

La autorización llega tras el cierre del periodo transitorio, el 1 de julio de 2026, fecha a partir de la cual ninguna entidad puede prestar servicios de criptoactivos en Europa sin licencia MiCA propia o pasaporte europeo. Hasta ahora, el grupo de entidades autorizadas por la CNMV está compuesto mayoritariamente por bancos y por un número muy reducido de compañías tecnológicas independientes.

AhoraCrypto ha desarrollado un modelo no custodio: la compañía no mantiene monederos de clientes, no custodia criptoactivos ni almacena claves privadas por cuenta de terceros. Los activos viajan directamente al monedero que el usuario controla. Es una decisión de diseño poco habitual en el sector y que elimina de raíz el riesgo que ha estado detrás de los mayores colapsos de plataformas de la última década.

El expediente se ha sostenido sobre tecnología propia: infraestructura on-chain desplegada en más de siete redes, un motor antifraude y de riesgo desarrollado internamente, y un marco de cumplimiento alineado con MiCA, DORA y la normativa española de prevención de blanqueo.

"Hemos pasado por el mismo escrutinio que un banco, con un equipo del tamaño de una habitación", afirma Carlos Rodríguez, CEO y cofundador de AhoraCrypto. "MiCA se ha contado muchas veces como una barrera que dejaba fuera a las pequeñas compañías. Nosotros hemos demostrado que se puede pasar sin un balance de miles de millones detrás, pero exige construir el producto y el cumplimiento a la vez desde el primer día, no como un añadido posterior".

Con la licencia concedida, la compañía prevé cerrar en los próximos meses una ronda de financiación destinada a acelerar el crecimiento, ampliar el equipo y seguir desarrollando producto.

La dirección jurídica y regulatoria del expediente ha correspondido a ATH21, despacho especializado en regulación financiera y criptoactivos, responsable de la elaboración del manual de autorización, del marco de políticas internas y de la interlocución técnica con el supervisor a lo largo de todo el procedimiento.

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ICEPRO Ingenieros impulsa más de 150 licitaciones públicas de obra civil en Zaragoza

La consultora de ingeniería optimiza la solvencia técnica de las empresas constructoras para maximizar su puntuación en las mesas de contratación de Aragón

La consultora ICEPRO Ingenieros refuerza su estructura operativa en Zaragoza tras haber participado en la preparación técnica de más de 150 concursos del sector público en la comunidad aragonesa durante el último ejercicio. La firma de ingeniería centra su actividad en el desarrollo de Memorias técnicas de Obra Civil y Memorias técnicas de Edificación, logrando que más del 90 % de sus empresas clientes obtengan la máxima calificación en los criterios cualitativos sujetos a juicio de valor.

Ante la complejidad de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y los Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT) emitidos por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza bajo la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), la compañía ha incrementado en un 40 % su capacidad para la elaboración de Memorias técnicas de Conservación y Mantenimiento. Esta división especializada da respuesta a la creciente demanda de licitaciones públicas destinadas a garantizar el ciclo de vida, la seguridad y la viabilidad técnica de las infraestructuras urbanas e interurbanas de la región.

La propuesta metodológica de la consultora combina la planificación detallada de los procesos constructivos, la implantación de obra y el cumplimiento de normativas ambientales con un análisis riguroso de las prescripciones del pliego. Esta estructura preventiva minimiza el riesgo de exclusión o penalización en la mesa de contratación, asegurando que las ofertas respondan de forma exacta a los requerimientos del órgano licitador.

"Nuestro trabajo en Zaragoza y en toda la comunidad aragonesa consiste en transformar la exigencia normativa en una ventaja competitiva cuantificable para la empresa constructora. Un estudio de ingeniería riguroso elimina la incertidumbre y defiende la solvencia técnica de la propuesta antes de la apertura de sobres", señalan desde la Dirección Técnica de ICEPRO Ingenieros.

La consolidación de la firma en el mercado local se apoya en la optimización de sus canales digitales. A través de su plataforma online, las empresas del sector de la construcción pueden solicitar estudios previos de viabilidad de pliegos y auditorías de solvencia de forma directa y personalizada.

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24 millones de pasajeros sufrieron en España retrasos o cancelaciones en los primeros seis meses de 2026

• Más de un tercio de los vuelos registró alguna incidencia en su horario durante el primer semestre de 2026, frente al 20,1 % registrado en el mismo periodo del año anterior

• Los aeropuertos de Granada-Jaén, Melilla y Almería lideran el ranking de puntualidad, mientras que Ceuta, Santiago de Compostela y Fuerteventura presentan los peores resultados

ROIPRESS / ESPAÑA / INFORMES - AirHelp, la empresa tecnológica que mejora la experiencia de los pasajeros durante la posible interrupción de un vuelo, ha analizado el comportamiento del tráfico aéreo en España y el rendimiento de los aeropuertos españoles durante el primer semestre de 2026. El estudio revela un notable deterioro de la puntualidad respecto al año anterior, con un incremento significativo del número de pasajeros afectados por retrasos y cancelaciones.  

Entre enero y junio de 2026, más de 67 millones de pasajeros viajaron desde aeropuertos españoles. De ellos, más de 24 millones se vieron afectados por retrasos o cancelaciones, lo que supone un importante aumento respecto a los 13,9 millones registrados durante el mismo periodo de 2025. 

Los datos reflejan un empeoramiento de la operativa aérea en España. Mientras que en el primer semestre de 2025 el 79,1 % de los vuelos despegó según el horario previsto, en 2026 el porcentaje de puntualidad cayó hasta el 63,3 %, de modo que más de uno de cada tres vuelos sufrió algún tipo de incidencia. 

No obstante, este incremento de las interrupciones no se ha traducido en un mayor número de pasajeros con derecho a compensación económica. Durante la primera mitad de 2026, 525.000 viajeros cumplen los requisitos establecidos por la normativa europea para reclamar una indemnización, frente a los 559.000 registrados un año antes. 

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Así es el desempeño de los aeropuertos españoles

Entre los aeropuertos con más de 200 vuelos programados al mes, Granada-Jaén se sitúa como el más puntual del país durante el primer semestre de 2026. De los cerca de 2.000 vuelos operados, el 74,4 % despegó a la hora prevista.

Le siguen los aeropuertos de Melilla, también con un 74,4 % de puntualidad, y Almería, con un 72,3 % de sus operaciones realizadas sin retrasos significativos.

En el extremo opuesto se encuentran Fuerteventura, Santiago de Compostela y Ceuta, que registran las peores tasas de puntualidad del periodo, con un 50 %, 48,9 % y 43 %, respectivamente.

Madrid y Barcelona mantienen cifras de puntualidad por debajo del 65 %

Los dos principales aeropuertos del país continúan concentrando el mayor volumen de tráfico. Durante el primer semestre, Madrid trasladó a más de 15 millones de pasajeros, mientras que Barcelona superó los 12,2 millones.

En cuanto a puntualidad, el 64,7 % de los vuelos despegó en hora desde la capital, frente al 63,9 % registrado en la Ciudad Condal.

Por su parte, Bilbao, reconocido como el mejor aeropuerto español y tercero de Europa en el AirHelp Score 2026, cerró el semestre con un 69,3 % de sus vuelos operados dentro del horario previsto.

Ryanair es la aerolínea con más pasajeros en España 

En cuanto al tráfico por compañías, los pasajeros españoles tienden por la low-cost Ryanair: más de 16,8 millones de viajeros que despegaron con esta aerolínea en España. A ella, le siguen casi 10,5 millones de pasajeros que volaron con Vueling y 9,7 millones que lo hicieron con Iberia. 

Respecto a la puntualidad, Vueling obtiene el mejor resultado entre las tres principales aerolíneas, con un 70,5 % de vuelos en hora, seguida de Iberia (65,1 %) y Ryanair (63 %). 

La otra gran aerolínea española, Air Europa, trasladó a 3,8 millones de pasajeros con una cifra de puntualidad que alcanza el 70,3 % en la primera mitad del año. 

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La gestión del régimen especial tributario facilita la llegada de personal especializado

 

/ IBERIAN PRESS / El mercado laboral internacional impulsa la movilidad geográfica de profesionales con alta capacitación en sectores estratégicos como la tecnología y la gestión empresarial. Para fomentar el traslado de personal directivo e investigador hacia el territorio nacional, la legislación tributaria española ofrece un régimen fiscal especial que permite tributar como no residentes a las personas físicas que adquieren su residencia fiscal en el país por motivos laborales. Este mecanismo busca incrementar la competitividad del tejido productivo atrayendo talento extranjero mediante un tipo impositivo fijo del 24 % sobre los rendimientos del trabajo hasta los 600.000 euros, en lugar de aplicar la tarifa progresiva habitual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

La formalización obligatoria ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria para acogerse a esta modalidad se efectúa mediante el Modelo 149 Ley Beckham, el documento oficial que sirve para comunicar la opción, renuncia o exclusión del régimen especial. Este trámite permite que los profesionales desplazados mantengan esta ventaja impositiva durante el ejercicio en el que efectúan el cambio de residencia y durante los cinco períodos impositivos siguientes. Entre las condiciones requeridas figura no haber sido residente fiscal en España durante los cinco años anteriores al desplazamiento, contar con un contrato de trabajo o un nombramiento como administrador de una entidad, y que los servicios prestados se desarrollen principalmente dentro del territorio nacional.

Las estadísticas publicadas por las autoridades económicas reflejan el impacto progresivo de este incentivo fiscal en la incorporación de perfiles internacionales. Según las memorias de recaudación tributaria presentadas por la Agencia Tributaria, más de 12.000 contribuyentes se acogen anualmente a este régimen especial en España, registrando un incremento del 15 % en las solicitudes gestionadas por profesionales altamente cualificados durante el último ejercicio. Asimismo, los datos del Ministerio de Economía indican que cerca del 40 % de los beneficiarios de esta medida trabajan en los sectores de servicios financieros, consultoría tecnológica y desarrollo de componentes para la industria de la movilidad.

El procedimiento para solicitar la adscripción al régimen exige seguir una serie de pasos administrativos concretos dentro de los plazos fijados por la normativa. El interesado o su representante legal debe presentar la comunicación en un plazo máximo de seis meses desde la fecha de inicio de la actividad laboral que conste en el alta de la Seguridad Social o en la documentación equivalente. La solicitud se realiza preferentemente por vía telemática a través de la sede electrónica del organismo tributario, acompañándola de la copia del contrato de trabajo, el pasaporte, el número de identificación de extranjero y la certificación de la empresa que justifica el desplazamiento del trabajador.

Una vez revisada la documentación presentada, la administración emite una resolución motivada que acredita la concesión de la opción fiscal solicitada. Este documento de aprobación resulta indispensable para que la empresa empleadora aplique el porcentaje de retención reducido correspondiente al tipo de los no residentes en la nómina mensual del trabajador. “El cumplimiento riguroso de cada requisito administrativo durante la fase de tramitación garantiza la seguridad jurídica de las partes involucradas y previene regularizaciones posteriores por parte de la inspección fiscal”, afirman desde la empresa de asesoría, Lex Beckham.

Facilitar el traslado e integración de profesionales cualificados mediante herramientas administrativas claras fortalece el desarrollo económico de las organizaciones locales. Promover un marco regulatorio accesible y transparente permite acoger nuevas competencias técnicas que enriquecen los proyectos nacionales y consolidan la apertura internacional de los sectores más dinámicos de la sociedad.

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Un juzgado de Alicante contradice el marco europeo y avala que las empresas retengan datos personales si no los hacen públicos

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SERVIPRESS / ALICANTE - ESPAÑA / JURÍDICOS - La Sentencia 292/2026 vacía de contenido el Artículo 17 del RGPD al confundir el almacenamiento privado de datos con la exposición pública en internet, sentando un peligroso precedente.

En respuesta al comunicado emitido el pasado 27 de julio por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que trataba de justificar el procedimiento de la Sentencia n.º 292/2026 (Procedimiento Ordinario 919/24) dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Alicante, la parte demandante hace público un grave error técnico y jurídico en dicha resolución que atenta directamente contra el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo.

El fallo judicial incurre en una flagrante incongruencia omisiva y revela un preocupante desconocimiento técnico sobre el funcionamiento de la privacidad y los entornos digitales. En el suplico de la demanda, el actor exigió explícitamente condenar a la empresa demandada a eliminar sus datos personales de forma total y absoluta:

“(...) retirar de su web o de cualquier otro soporte del tipo que fuera todas las imágenes, así como cualquier tipo de dato perteneciente al actor, absteniéndose en el futuro de volver a incorporarlo en cualquier tipo de soporte”.

Sin embargo, ignorando la amplitud de la petición y contraviniendo el espíritu de la ley, la resolución judicial (página 8, Fundamento de Derecho Quinto) deniega la protección con una afirmación tajante y antijurídica:

“Por tanto, no se puede condenar a retirar unos contenidos que no están disponibles para el público”.

Un choque frontal con Europa y un "mensaje peligroso" para la sociedad

Esta argumentación choca frontalmente con el Artículo 17 del RGPD (Derecho de supresión). La normativa europea, de obligado cumplimiento, no condiciona en ningún caso el borrado de los datos personales a que estos sean de acceso público. El mero almacenamiento, retención o tratamiento indebido en servidores internos, bases de datos privadas, discos duros o cualquier archivo corporativo oculto, obliga al responsable a su completa destrucción cuando el afectado lo solicita. Confundir la "desindexación" pública con la "supresión" de datos supone una vulneración de los derechos fundamentales del ciudadano.

Al justificar esta decisión bajo la premisa de que los datos no son visibles en internet, el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Alicante traslada un mensaje sumamente peligroso a la ciudadanía y a los responsables de tratamiento de datos. Bajo esta doctrina, cualquier empresa o particular podría recopilar y almacenar ilegalmente información confidencial de los ciudadanos con impunidad. Si el afectado reclamase su borrado, un juez podría denegarlo amparándose en que dicha información se guarda en un servidor privado cerrado al público.

El TSJCV defiende la forma, pero omite el fondo

El reciente comunicado de prensa institucional del TSJCV invirtió sus esfuerzos en defender la legalidad estatutaria de que los jueces en prácticas (como Dña. Marina Martínez Sirvent, redactora del borrador) elaboren resoluciones judiciales. Sin embargo, la institución ha omitido deliberadamente pronunciarse sobre la gravedad del fondo del asunto: que dicho borrador, al ser validado y firmado sin corrección por la magistrada titular, Dña. Beatriz Escobar Boch, consolida un error de bulto procesal y técnico.

La parte demandante reitera que no cuestiona la validez legal del sistema de prácticas judiciales, sino la falta de diligencia en la supervisión de resoluciones que exigen conocimientos precisos sobre el ecosistema digital. La consolidación de fallos que contravienen la legislación comunitaria merma la seguridad jurídica y deja en la indefensión a los ciudadanos frente a los abusos en el tratamiento de sus datos.

Fuente redacción: Pedro José Masià Samper.

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MicroEstética consolida su catálogo de tratamientos de micropigmentación facial, paramédica y oncológica en Málaga

 

ROIPRESS / MÁLAGA - ESPAÑA / SALUD - El centro especializado MicroEstética ha anunciado la optimización de sus servicios de maquillaje semipermanente e intervenciones estéticas dermo-correctivas en su sede de la capital malagueña. Ubicado en la calle Demóstenes, junto al entorno hospitalario de Teatinos y frente a la parada de metro El Cónsul, el establecimiento cuenta con autorización sanitaria oficial y personal certificado conforme a la normativa autonómica regulada por el Decreto 71/2017 del BOJA.

La iniciativa responde al incremento sostenido en la demanda de técnicas avanzadas de dermo-pigmentación en la provincia, abarcando desde la corrección estética facial hasta la reconstrucción paramédica y oncólogica. La infraestructura del centro dispone de tres gabinetes técnicos equipados con aparatología de precisión alemana y protocolos estricto de asepsia, permitiendo abordar procedimientos de diseño e implantación epidérmica de pigmentos en cejas, labios, párpados, cuero cabelludo, camuflaje de cicatrices y reconstrucción del complejo areola-pezón.

En el ámbito paramédico y oncológico, la firma colabora activamente con entidades del sector como la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama (ASAMMA) y forma parte de la Asociación de Micropigmentación Estética, Paramédica y Oncológica de España (AMEPO). Estas intervenciones permiten disimular irregularidades dermatológicas y completar procesos de reconstrucción mamaria tras cirugías oncológicas, ofreciendo acabados ópticos de tonalidad natural.

Como parte de su protocolo de atención al paciente, la entidad mantiene el servicio de primera consulta gratuita de diagnóstico. En esta sesión previa se efectúa el estudio morfológico, el diseño previo sobre la piel y la prueba de alergia pigmentaria sin coste para el usuario. Esta metodología busca garantizar el cumplimiento de las expectativas estéticas y verificar la viabilidad técnica antes de la aplicación del tratamiento, cuya durabilidad oscila entre dos y cuatro años según el tipo de piel.

La idoneidad de someterse a un procedimiento de micropigmentación en Málaga radica en la posibilidad de acceder a tratamientos indoloros supervisados por personal técnico cualificado y en instalaciones que cumplen la normativa higiénico-sanitaria vigente. Los materiales utilizados en cada sesión son desechables y de un solo uso, asegurando estándares estrictos de limpieza y desinfección.

Con esta consolidación de sus servicios clínicos y colaboraciones institucionales, MicroEstética reafirma su posicionamiento especializado en la provincia de Málaga. La solicitud de citas previas, consultas informativas y acceso al catálogo de casos clínicos se encuentran disponibles a través de su plataforma web oficial.

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Efisur refuerza su oferta técnica especializada en la rehabilitación integral y reformas complejas de inmuebles urbanos en Málaga

 

ROIPRESS / MÁLAGA - ESPAÑA / EDIFICACIÓN - La empresa técnica especializada Efisur ha consolidado su modelo de actuación en la provincia de Málaga enfocado en la ejecución de intervenciones complejas dentro de la edificación residencial y corporativa. A través de una metodología basada en la rehabilitación integral de inmuebles con enfoque 360º, la firma aborda proyectos que contemplan desde el tratamiento avanzado de patologías en la envolvente hasta la renovación técnica de las instalaciones comunitarias principales, orientándose hacia la optimización estructural y la eficiencia del parque edificado.

El incremento en la antigüedad media de las construcciones urbanas y la entrada en vigor de las exigencias europeas sobre descarbonización han impulsado los trabajos de reformas de edificios en Málaga. Ante esta coyuntura, el planteamiento técnico de la compañía estructura sus intervenciones en tres áreas operativas fundamentales: protección de envolventes, gestión de seguridad ambiental y modernización de redes de suministro.

En el área de fachadas y cubiertas, la firma ejecuta actuaciones de estanqueidad, saneado de patologías estructurales e impermeabilización técnica integral, aplicando revestimientos de alta resistencia a la intemperie. Paralelamente, la división de saneamiento ambiental gestiona operaciones certificadas de desamiantado para la retirada de elementos de fibrocemento bajo la normativa de seguridad vigente, complementando este servicio con el cambio y reparación de bajantes en comunidades mediante técnicas verticales o convencionales. La oferta técnica se completa con la actualización de redes de abastecimiento de agua potable, renovación de verticales eléctricas según regulación y la integración de soluciones fotovoltaicas para el autoconsumo colectivo.

"Nuestra labor en las actuaciones sobre grandes inmuebles consiste en aplicar soluciones de ingeniería y edificación donde existen patologías complejas que comprometen la habitabilidad o la seguridad del edificio. Abordamos cada intervención con rigor técnico para renovar la envolvente, eliminar riesgos ambientales como el amianto y actualizar las instalaciones eléctricas y hídricas. De esta forma garantizamos una respuesta definitiva para la rehabilitación y reformas de edificios en Málaga, prolongando la vida útil del inmueble y reduciendo la huella energética de las comunidades de propietarios", destaca Eduardo Martínez, gerente de Efisur Málaga.

Con la consolidación de este catálogo de servicios especializados, Efisur afianza su actividad como constructora de referencia en proyectos técnicos y obras comunitarias en el ámbito provincial. 

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Qualys obtiene la certificación ENS Nivel Alto para su plataforma de gestión de ciberriesgos

Qualys, multinacional especializada en la gestión de riesgos de ciberseguridad, ha obtenido la certificación ENS en Categoría Alta. Con ello, la compañía se convierte en el primer proveedor global de soluciones de gestión de riesgos y vulnerabilidades en obtener este reconocimiento. La certificación, además de acreditar el cumplimiento de los máximos requisitos del Esquema Nacional de Seguridad, consolida a Qualys como proveedor de referencia para el sector público en España

Qualys, Inc. (QLYS), proveedor pionero y líder en soluciones de TI, seguridad y cumplimiento en la nube, ha obtenido la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) de nivel Alto, el máximo nivel de certificación previsto dentro del marco español de ciberseguridad. Con ello, la compañía se convierte en el primer proveedor global de soluciones de gestión de riesgos y vulnerabilidades en obtener este reconocimiento de máximo nivel dentro del marco regulatorio español.

El Esquema Nacional de Seguridad constituye el marco de referencia que establece los principios y requisitos que deben cumplir las administraciones públicas españolas y las empresas que colaboran con ellas para garantizar la protección adecuada de la información y de los sistemas que la gestionan.

La certificación de nivel Alto acredita que los sistemas y procesos de Qualys cumplen los requisitos técnicos, organizativos y de gestión que regula el ENS, demostrando la implantación de controles avanzados de protección de la información para garantizar la integridad, confidencialidad, trazabilidad y disponibilidad de los datos más sensibles. Asimismo, refuerza la autoridad técnica de la plataforma Qualys Enterprise TruRisk Management, centrada en la gestión proactiva de riesgos de seguridad y la remediación autónoma, y que incorpora además capacidades nativas para evaluar el cumplimiento del propio Esquema Nacional de Seguridad.

Tecnología punta con todas las garantías
La certificación obtenida por Qualys permite a todas aquellas entidades españolas que gestionan activos especialmente sensibles, infraestructuras críticas o servicios esenciales desplegar una plataforma cloud centralizada que ofrece visibilidad continua sobre su exposición al riesgo, automatiza la detección y remediación de vulnerabilidades y refuerza la resiliencia frente a las amenazas, todo ello cumpliendo con los estrictos requisitos exigidos por el marco español de ciberseguridad.

"Este reconocimiento representa un avance clave para las organizaciones públicas y privadas que operan en los entornos más críticos del país", afirma Sergio Pedroche, Country Manager de Qualys España, "ya que ahora pueden incorporar una plataforma cloud de alcance internacional con la garantía de que sus servicios SaaS integran el máximo nivel de cumplimiento exigido por la normativa española".

Una apuesta estratégica por España
Al adaptar su plataforma al máximo nivel del Esquema Nacional de Seguridad, la compañía facilita el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Real Decreto 311/2022 y amplía su capacidad para colaborar con organismos públicos y con empresas pertenecientes a sectores estratégicos como defensa, sanidad, banca, seguros, energía, transporte o telecomunicaciones, donde la protección de la información constituye un requisito crítico para el desarrollo de su actividad.

Este paso sitúa además a Qualys en una posición diferencial dentro del mercado español. La obtención de una certificación local de este nivel por parte de un proveedor internacional de ciberseguridad refleja una apuesta decidida por responder a las necesidades específicas de dicho mercado y garantiza que las organizaciones que operan en él podrán acceder a una plataforma internacional adaptada a los requisitos regulatorios de los proyectos de transformación digital de mayor criticidad.

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El reto de administrar los costos invisibles del trabajo híbrido

• Las empresas enfrentan el reto de cumplir con la NOM-037 y cubrir los gastos asociados al teletrabajo.

• Las plataformas de administración de recursos ayudan a las organizaciones a cumplir con la normativa, fortalecer el bienestar financiero y reducir la rotación de personal.

• Los pagos relacionados con el teletrabajo pueden considerarse gastos estrictamente indispensables para cumplir con la Ley Federal del Trabajo y ser 100% deducibles.

ROIPRESS / INTERNACIONAL / EXPERTOS - El trabajo híbrido dejó de ser una respuesta temporal a la pandemia para convertirse en uno de los modelos laborales predominantes para empresas y colaboradores. Este modelo laboral se ha consolidado como un factor clave para atraer y retener talento; sin embargo, también ha generado nuevos retos relacionados con la administración de recursos, el cumplimiento regulatorio y el bienestar financiero de quienes trabajan desde casa.

De acuerdo con el estudio Remuneración 2024-2025 México, elaborado por PageGroup México, 72% de los candidatos prefiere esquemas híbridos, una tendencia que impulsa a las organizaciones a adaptar sus políticas laborales y fortalecer los mecanismos para atender las nuevas necesidades de sus equipos.

Uno de los principales desafíos es gestionar los llamados costos invisibles del teletrabajo, es decir, aquellos gastos que antes absorbían las oficinas y que ahora recaen parcialmente en las y los colaboradores, como el consumo de electricidad e internet.

“El trabajo remoto implica gastos que antes eran absorbidos por la operación cotidiana de una oficina, como la conectividad, la luz o las adecuaciones del espacio de trabajo. Los costos operativos no desaparecieron, simplemente una parte se trasladó al hogar de los empleados. A este conjunto de gastos lo denominamos costo invisible del teletrabajo", explicó Aroldo Dovalina, CEO de Paynom.

Con el crecimiento del trabajo híbrido, las empresas enfrentan el reto de cumplir con la NOM-037 y administrar los gastos asociados a esa modalidad laboral. La norma establece que se deben cubrir los costos derivados de los servicios de telecomunicaciones y la parte proporcional del consumo de energía eléctrica.

Cuando estos gastos no se administran de manera adecuada o los reembolsos no son oportunos, pueden convertirse en un detonante de estrés financiero, un factor que también afecta los indicadores de desempeño de las empresas. 

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Según la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (Ensafi), 45.4% de los mexicanos se preocupa mucho por los gastos imprevistos y 48.4% por la acumulación de deudas. Además, 36.9% de la población reportó tener un nivel alto de estrés financiero, 34.6% dijo que su nivel de estrés era moderado y 28.5% aseguró que su nivel era bajo o nulo. 

Cabe resaltar que uno de cada cinco colaboradores ha faltado al trabajo debido a dificultades económicas, lo que impacta la productividad, incrementa los costos operativos y puede favorecer la rotación de talento, reveló un análisis elaborado por la plataforma de bienestar laboral Paynom entre empresas usuarias durante el primer semestre de 2026. 

Ante este escenario, las orgonizaciones recurren cada vez más a plataformas tecnológicas para automatizar la administración de los recursos destinados al teletrabajo, facilitar el cumplimiento de la NOM-037 y ofrecer herramientas de liquidez inmediata cuando los gastos del colaborador ocurran antes del siguiente ciclo de nómina.

“Cuando una persona enfrenta dificultades económicas, las consecuencias pueden reflejarse en ausentismo, menor productividad e, incluso, en una mayor intención de abandonar su empleo. Atender el bienestar financiero también es una decisión de negocio”, afirmó Dovalina.

De acuerdo con el directivo, este tipo de plataformas permite gestionar los pagos asociados al trabajo remoto, ofrecer acceso a ingresos devengados y facilitar la administración de recursos las 24 horas del día, lo que mejora la experiencia de los colaboradores y responde a las nuevas modalidades de trabajo.

Además del cumplimiento regulatorio, estos esquemas ofrecen beneficios fiscales. Los pagos relacionados con el teletrabajo pueden considerarse gastos estrictamente indispensables para cumplir con la Ley Federal del Trabajo y ser totalmente deducibles, siempre que se timbren en los recibos de nómina bajo la clave 999, que los identifica como herramientas de trabajo. 

“Al ser catalogados como herramientas de trabajo, estos montos no integran el Salario Base de Cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), lo que evita un incremento innecesario en la carga de seguridad social para las empresas", detalló.

Debido a que las empresas establecen fechas específicas para reembolsar los gastos derivados del teletrabajo, estos pagos no siempre coinciden con el momento en que las y los colaboradores realizan los desembolsos ni con el calendario de nómina. Ante esta situación, el acceso anticipado al salario devengado cobra relevancia como una alternativa para que los empleados cuenten con liquidez y puedan hacer frente a los costos invisibles mientras su empleador los cubre.

“Acceder al salario devengado es importante para las y los trabajadores en formato híbrido porque actúa como una red de seguridad financiera inmediata que les permite dar continuidad a sus actividades en casa ante cualquier imprevisto técnico o doméstico”, refirió.

Señaló que estas herramientas también responden a la evolución de las expectativas laborales. Mientras la Generación X continúa privilegiando la estabilidad y las prestaciones tradicionales, millennials y centennials buscan esquemas flexibles que les permitan administrar mejor su flujo de efectivo y afrontar imprevistos financieros.

Según encuestas realizadas entre empresas usuarias de Paynom, la implementación de este tipo de plataformas ha permitido observar reducciones de hasta 16% en los indicadores de rotación de personal y, al mismo tiempo, facilitar la administración de estos recursos sin incrementar la carga operativa de las empresas. 

“El cumplimiento de la NOM-037 no solo debe entenderse como una obligación regulatoria, también representa una oportunidad para fortalecer las finanzas de las y los trabajadores, mejorar la productividad y reforzar las estrategias de atracción, desarrollo y retención del talento”, concluyó Dovalina. 

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