Italia (EUROPA) - Atlantia aspira a una compensación del Estado italiano de más de 23.000 millones de euros si el Gobierno le retira sus concesiones de autopistas en el país. Esta cifra resulta de la aplicación de los contratos que su filial Austostrade per l'Italia (Aspi) firmó en 2007, a lo que la compañía podría sumar demandas adicionales por daños y perjuicios. No obstante, el Ejecutivo pretende aprobar una ley que rebajaría la factura significativamente, de manera que se situaría en el entorno de los 10.000-11.000 millones de euros.
- Se anticipa una batalla judicial entre el Estado italiano y la mayor concesionaria de autopistas del mundo, dueña entre otras, de la española Abertis.
El Gobierno de Italia aprobó en diciembre un decreto que facilitaría el procedimiento de revocación y reduciría el coste por indemnizaciones que debería asumir el Estado en supuestos de rescisión de contratos de concesión de autopistas. Una medida promovida por el Movimiento 5 Estrellas (M5S) que busca castigar a la empresa controlada por la familia Benetton por el derrumbe del Puente de Génova en el verano de 2018 y que tendrá, en todo caso, que ser ratificada por el Parlamento.
La Cámara tiene hasta finales de febrero para pronunciarse al respecto. Antes, Atlantia puede anticiparse y decidir devolver los activos al Estado por incumplimiento del ente concedente, según recoge el contrato, y así ejercer el derecho de compensación basada en los descuentos de flujos de caja a recibir en un plazo de seis meses. En este caso, reclamaría los ingresos esperados hasta el final de la concesión de Aspi, fijado para 2038. Serían los alrededor de 23.000 millones referidos. Las inversiones en obras ejecutadas por la compañía ascienden a entre 6.000 y 8.000 millones que, de cualquier modo, el Estado italiano tendría que desembolsar.
Aspi es la mayor filial de Atlantia y es sobre la que el Gobierno italiano quiere actuar. Gestiona 2.855 kilómetros de autopistas en Italia, de los 3.255 kilómetros que la compañía explota en el país. Representó en 2018 el 32% del resultado bruto de explotación (ebitda) de Atlantia. Por mercados, el italiano tuvo un peso del 46%, por encima del 18% de Francia, el 16% de España y el 9% de Chile.
La amenaza que se cierne sobre Atlantia es enorme. No en vano, su consejero delegado, Roberto Tomasi, ha advertido en una entrevista al Corriere della Sera que la cancelación de los contratos impediría al grupo hacer frente a sus líneas de crédito, por un importe de alrededor de 10.500 millones de euros. Esto pondría en riesgo de quiebra a la empresa, según reconoce el directivo de la compañía, que tiene el 50% más una acción de Abertis –el resto es propiedad de ACS y su filial Hochtief–.
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Por el momento, Atlantia ha sufrido un castigo moderado en bolsa en el último mes, de alrededor del 5%. Aún cotiza por encima de los mínimos que tocó semanas después del accidente del Puente Morandi (20,23 euros por acción frente a 17,52 euros). Ahora bien, las agencias de calificación han golpeado su calidad crediticia sumiendo a la compañía en el bono basura, con el consecuente encarecimiento de la financiación. El último movimiento lo ha protagonizado Moody's. La firma estadounidense rebajó el pasado viernes el rating de Atlantia de Ba1 a Ba2, el de Aspi y el Aeropuerto de Roma de Baa3 a Ba1.
45% de accionistas minoritarios
El Movimiento 5 Estrellas (M5S) pretende castigar a Atlantia y su accionista de control, la familia Benetton, por el derrumbe del Puente de Génova. Ahora bien, el impacto que puede tener sobre la cotización de la firma afectará a miles de inversores minoritarios que ostentan el 45% del capital. Edizione es el primer accionista con el 30,25%, seguido del fondo de Singapur GIC con el 8,14%.
